El juez desestima la venta de Pérez Giménez al laboratorio ruso

El titular del Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba, Fernando Caballero, ha acordado desestimar la adjudicación de los laboratorios Pérez Giménez a Krasfarma, SL, la única sociedad que presentó su oferta en la subastilla que se celebró el pasado 2 de octubre. El magistrado basa la resolución de su auto en la pretensión de dicha empresa de pagar a plazos por la farmacéutica y por su intención, además, de hipotecar las instalaciones para financiar dicha compra. Esta decisión judicial supone un nuevo varapalo para los trabajadores que llevan 28 meses sin cobrar sus nóminas desde que la farmacéutica entró en concurso de acreedores, aunque la plantilla está dispuesta a luchar hasta el final para que la empresa no sea vendida en lotes, lo que supone la desaparición de la unidad como tal. Fuentes sindicales informaron ayer de que en los próximos días está previsto presentar en el juzgado un recurso al auto del juez, ya que "nada de lo que está ocurriendo tiene sentido".

El magistrado refleja en su auto, con fecha de 7 de octubre, que "no se ha recibido ninguna oferta que cumpla las exigencias del Plan de Liquidación y que pueda ser estimada", por lo que concluye que no procede la adjudicación de la unidad productiva, "debiendo la Administración Concursal continuar la fase de liquidación por los trámites previstos en el Plan de Liquidación". Krasfarma, con sede en Córdoba, pero gestionada por un grupo ruso, en concreto, ofrecía por la farmacéutica por 7,7 millones de euros (el precio mínimo previsto), aunque con un pago fraccionado en 18 meses. Al millón aportado como aval, se sumarían 1,1 millones a la firma de las escrituras, otros dos millones a los seis meses, otro millón al transcurrir otros seis meses, y al año y seis meses desde la firma de las escrituras la cantidad restante, es decir 3,6 millones de euros, y "todo ello garantizado con la hipoteca que se constituiría sobre las instalaciones", una vez que se le adjudique, "libre de cargas", la farmacéutica. Esta oferta, según el juez, "garantizaba la suma con la hipoteca que se constituiría sobre las instalaciones, una vez que se adjudique la unidad productiva" a Krasfarma, de modo que no se seguiría lo fijado en el Plan de Liquidación de la farmacéutica, que establecía que "la transmisión de la unidad productiva no conllevaba la subrogación en la parte de los salarios, indemnizaciones y créditos públicos de la Tesorería General de la Seguridad Social y que, además, la atribución de la unidad productiva se hacía libre de cualesquiera afecciones, cargas y gravámenes".

La pretensión de la adjudicataria, según continúa el magistrado, "podría resultar razonable si la transmisión se realizase con subrogación de las cargas hipotecarias. Sin embargo, al tratarse (en el presente concurso) de una transmisión libre de cargas, el precio debe abonarse en el momento de la firma de la escritura".

Tras esta decisión judicial, el Plan de Liquidación prevé que los laboratorios sean vendidos por lotes y se proceda a la extinción de los contratos de sus 151 trabajadores, de los que 111 están ahora afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), mientras que 40 siguen trabajando, aunque sin cobrar sus salarios.

Los sindicatos mostraron ayer su rechazo a la extinción de la empresa. El delegado de UGT en los laboratorios, José Ruiz, aseguró ayer que la decisión del juez supone un "nuevo batacazo" para los trabajadores y para el empleo de la provincia, ya que "se manda al garete una empresa que lleva 75 años funcionando en Córdoba por culpa de una mala gestión". Por ello, UGT, junto a CTA y CCOO, tiene previsto presentar en el juzgado un recurso al auto del magistrado "para que se adopte una solución que no perjudique a los más débiles, es decir, a la plantilla".