Los sindicalistas que ahora han sido detenidos en el marco de la operación Heracles II Salvador Mera y Roberto Carmona denunciaron en agosto pasado al abogado del bufete de Estudios Jurídicos Villasís Carlos Leal Bonmati, también imputado en la causa, por presunta apropiación indebida de las ayudas concedidas a la asociación de la Faja Pirítica de Huelva.

Esta denuncia ha sido remitida por la juez Alaya a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para su investigación, aunque algunas fuentes del caso atribuyen la misma a una especie de cortina de humo para tratar de evitar de responsabilizarse de la administración de las cantidades de dinero que pasaron por esta asociación. En la asociación de la Faja Pirítica figuraban como presidente y vicepresidente el ex secretario general de UGT-A Manuel Pastrana y el secretario general de CCOO Francisco Carbonero, respectivamente, y según las mismas fuentes consultadas la denuncia ha sido presentada precisamente por las personas que únicamente podían disponer de los fondos.

Según los denunciantes, los miembros de la asociación son todos los trabajadores de las empresas mineras de la Faja Pirítica de Huelva que entregaron su aportación para su gestión a los planes de prejubilación, y el abogado Carlos Leal Bonmati recibió, al menos, la cantidad de 1.730.000 euros, de los que habría dispuesto "ilegítimamente y abusando de la confianza recibida, distrayéndolos de su destino", en alusión a los planes de prejubilación.

Carlos Leal Bonmati reveló en su declaración ante la juez Alaya, en julio pasado, que las asociaciones eran en realidad los "sindicatos" y que las mismas se creaban para canalizar algunas subvenciones. La juez Alaya dedujo de su declaración que la asociación de la Faja Pirítica "carente de asociados y de estructura asociativa", era tan sólo un instrumento en manos de los sindicatos UGT y CCOO", a lo que el fiscal puntualizó que se trataría de una "mera pantalla que habría burlado todos los controles fiscales, laborales y administrativos".