La campaña electoral del 23 de julio ha acabado con cualquier posibilidad de acuerdo entre la Junta y el Gobierno andaluz sobre el plan de nuevos regadíos del Condado, junto al parque de Doñana. Aunque ambas partes admiten que se ha llegado demasiado lejos, las dos se culpan de falta de diálogo. En cualquier caso, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha explicado este jueves en el Parlamento que está abierto a propuestas alternativas que no conlleven desdecirse de su promesa a los agricultores onubense para autorizar "700 hectáreas" de regadíos.

Por primera vez, el presidente de la Junta ha concretado la superficie que obtendría con la ley una autorización de suelos aptos para regar. Según Moreno, serían 700 hectáreas, que necesitarían "dos hectómetros cúbicos" anuales de agua, aunque otros técnicos consultados por este medio lo elevan hasta cuatro hectómetros cúbicos, que es casi el volumen que consume la urbanización de Matalascañas. "700 hectáreas de riego no ponen en peligro a un parque de 122.000 hectáreas a 30 kilómetros", ha indicado el presidente de la Junta durante la sesión de control a su Gobierno. Matalascaña, en el término municipal de Almonte, ocupa una zona costera lindera con el parque nacional y obtiene el agua del acuífero 27, el que nutre a Doñana.

La propuesta que realizó el martes pasado el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, es que el PP y Vox retiren la proposición de ley y se negocie, en el marco de la comisión de seguimiento del Plan de la Corona Norte Forestal, posibles autorizaciones de riego, de acuerdo con el agua disponible y bajo un estudio de cada parcela caso a caso. El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, sostiene que eso fue lo que él le propuso al Ministerio de Transición Ecológica en dos reuniones que mantuvo con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, los días 28 de diciembre y 27 de febrero pasado.

La versión de Morán es que, a su vez, el consejero se comprometió a que la proposición no sería registrada en la Cámara, algo que sí sucedió días después. Morán es quien preside ese comité del plan de la Corona, por lo que podría convocarlo, pero el PP no parar dispuesto a congelar la proposición.

Pero la campaña electoral ha destrozado cualquier clima de entendimiento. El Gobierno andaluz ha salido reforzado desde el punto de vista electoral con el resultado obtenido el pasado 28 de mayo en la provincia de Huelva, donde ha ganado en la capital y la diputación provincial. Y el Gobierno de Pedro Sánchez, por su parte, va a seguir usando la bandera de la protección de Doñana como elemento de arrastre del voto progresista en el conjunto de España.

La sesión de control ha servido para confirma hasta dónde llega el alejamiento entre el PP y el PSOE sobre este asunto. "Mi Gobierno no siempre acierta, pero tiene la obligación de buscar una solución, y la solución que hemos propuesto es viable y asumible con la protección de Doñana", ha indicado Moreno. Fuentes del PP han explicado que no se plantean ningún retraso de la proposición. Según este partido explicó a los agricultores afectados, se aprobará antes de que finalice el actual período de sesiones; por tanto, antes de agosto.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley que salga del Parlamento. La base argumental es la que ha expresado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el documento que ha entregado en la comisión de Fomento de la Cámara andaluza. Básicamente, aprecia una invasión de competencias y la falta de un estudio de impacto ambiental que sería perceptivo.

Incluso en el caso de que Sánchez no pudiese gobernar tras las elecciones, el Gobierno en funciones sí puede plantear ese recurso ante el Constitucional. No obstante, según se apunta desde la Junta, el recurso motivará una reunión entre ambas administraciones para intentar llegar a un acuerdo.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, ha solicitado al PP que opte por hacer un proyecto de ley y no una proposición de ley -la diferencia está en la urgencia de esta figura- "Nos hubiese dado más garantías a todos los ciudadanos andaluces", indicó Páez en Sevilla, en unas jornadas sobre los planes de sequía. "Si quieren hacer las cosas bien, si quieren un diálogo, ese diálogo al que tanto se apela desde las autoridades andaluzas, yo creo que una ley hubiese sido mucho mejor en la tramitación", ha insistido Páez, quien ha recordado que al ser vía proposición de ley el Gobierno andaluz "se evita los informes".