Es un aviso. Cataluña se suele mover al unísono a la hora de defender sus intereses económicos. El "tejido económico y empresarial catalán" -así se definen una veintena de organizaciones empresariales- ha propuesto que se reforme de un modo "ambicioso" el actual Sistema de Financiación Autonómica, un nuevo modelo que en, su opinión, debe acabar con lo que consideran su "déficit fiscal"; es decir, la diferencia entre la cantidad que se recauda en Cataluña y la que esta comunidad recibe. Un concepto éste del déficit que es contrario al principio de cohesión territorial, que perjudicaría de modo especial a Andalucía y que nos retrotrae a los inicios del procès, cuando Artur Mas exigió a Mariano Rajoy un modelo fiscal propio para esta comunidad.

20 asociaciones empresariales y profesionales de Cataluña, entre éstas 13 cámaras de comercios, además de los influyentes Círculo de Economía y Fomento del Trabajo, han suscrito un manifiesto conjunto que sirve de aviso para recordar que la reclamación fiscal catalana sigue viva. Este manifiesto, inédito por su amplio respaldo, se produce semanas antes de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, presente su propio modelo de pacto fiscal catalán, similar al vasco y navarro, y que el PSC fije su nueva posición en un asunto en el que siempre ha estado más cerca del nacionalismo que del PSOE federal.

La postura del Gobierno andaluz, que es también la de anteriores Ejecutivos socialistas, es que debe primar el reparto por población y que no debe favorecerse a los territorios donde más se recauda, porque el esfuerzo fiscal de sus habitantes no es mayor. Además, el presidente Juanma Moreno viene pidiendo un fondo transitorio que suavice la infrafinanciación andaluza mientras no haya un nuevo sistema.

La pluralidad de las asociaciones firmantes ha provocado, no obstante, que propongan tres opciones, de las cuales el pacto fiscal es el máximo. Tanto ERC como Junts solicitan que el conjunto de los impuestos que se recaudan en Cataluña sean administrados por la Generalitat, lo que supondría sacar de la cesta común de las comunidades a la que aporta el segundo PIB regional. En vez de participar en la cesta y reparto común, Cataluña se saldría del sistema y abonaría una cantidad con la que se considera que atendería a la solidaridad territorial.

El otro modelo que proponen es el "federal", que podría valer para el resto de las comunidades de régimen general. Básicamente, consiste en cambiar el actual modo de recaudación y reparto. Aunque las comunidades reciben la mitad de importantes impuestos como el IRPF e IVA, no lo hacen de modo directo, sino que se les paga después mediante el sistema de entregas a cuentas y, posterior, liquidación. Este modelo permitiría a las comunidades contar con ese dinero a la vez que el Gobierno central.

No obstante, las comunidades que no se pueden autofinanciar sólo con estos impuestos, como Andalucía, tendrían que recibir a la vez el dinero de la cesta común. Si no fuese así, Madrid y Cataluña, que son las que recaudan por encima de sus gastos, tendrían ventajas saber las otras.

La otra opción es la que llaman una reforma "profunda" del actual Sistema de Financiación Autonómica, en el que las comunidades tuvieran mayor participación en los impuestos.

Cualquiera de las tres opciones que propone el empresariado catalán redunda en menos ingresos para el resto de las comunidades, porque supone primar a aquellas autonomías, como Cataluña y Madrid, donde se recauda más de lo que su gobierno autonómico recibe. En estos momentos, Madrid es la que más aporta a la bolsa común, seguido de Cataluña y, en menor medida, Baleares.

La Generalitat se encarga de publicar cada ejercicio el balance entre lo aportado y lo recibido, bien del modelo autonómico, bien de las inversiones del Estado. El último año medido, que es el de 2021, indica que Cataluña aportó 3.315 millones de euros y recibió 2.848 millones de euros.

El Gobierno y el PP, sin iniciativas

Esta reclamación catalana toma fuerza, a pesar de que en estos momentos ERC y Junts están centrados en la negociación de la ley de amnistía. Pero ello no les impide ver cuáles son sus objetivos. En el documento que Junts firmó con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, dejaba clara que su aspiración es sacar a Cataluña del modelo común. La propuesta de ERC es la misma.

El Gobierno y el Ministerio de Hacienda no han hecho ninguna propuesta concreta, a pesar de que su objetivo sigue siendo negociar un nuevo modelo en esta legislatura. El PP, por su parte, no tiene una posición común, ya que Madrid, Galicia y las comunidades del norte no comparten la idea andaluza de que la población debe ser el criterio fuerza del reparto y que no se desvirtúe con la implementación de otros fondos, que es lo que ocurre ahora.

Tan es así, que la propuesta de Juanma Moreno no es la del PP, sino la pactada con las comunidades de Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha. Y es, básicamente, la misma que María Jesús Montero defendía cuando era consejera de Hacienda de la Junta.