Políticas sociales

Las listas de espera más abultadas en dependencia están en Cádiz y Sevilla

  • La Consejería de Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación, Rocío Ruiz, anuncia un plan de choque valorado en 77 millones

La consejera de Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación, Rocío Ruiz, en la rueda de prensa. La consejera de Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación, Rocío Ruiz, en la rueda de prensa.

La consejera de Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación, Rocío Ruiz, en la rueda de prensa. / EP

Las provincias de Cádiz y Sevilla, seguida muy de cerca por Málaga, son las provincias andaluzas donde se registra un mayor número de personas que esperan aún el Programa de Individual de Atención (PIA). Del total de las 75.097 personas en Andalucía que están pendientes de este plan, parte del procedimiento para recibir la ayuda por dependencia, casi la mitad se concentra en Cádiz (13.609 dependientes), Sevilla (12.722) y Málaga (12.114). 

De este total de 75.907 andaluces que esperan la resolución de sus expedientes para acceder a la dependencia, en los que no están incluidos los más de 34.000 ocultos y denunciados este mediodía por la consejera de Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación, Rocío Ruiz, 11.896 se encuentran en la provincia de Granada, 7.363 están en la provincia de Jaén, 6.620 esperan en Córdoba, 6.197 lo hace en Almería y 4.576 en Huelva.

Ante estas abultadas cifras en las listas de espera de dependencia, que la consejera ha definido de "colapso", el departamento de Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación ha planteado un plan de choque que, además de contar con 77 millones correspondientes a los actuales presupuestos prorrogados, planea la simplificación de trámites, la modernización del sistema de solicitudes y su digitalización, de modo que pase de una administración "del siglo XIX al siglo XXI", ha declarado Ruiz.

A preguntas de los periodistas, la consejera ha reconocido el déficit presupuestario que ha contado el programa de dependencia en Andalucía debido al incumplimiento de la ley por parte de la Administración General del Estado, que tenía asignada, según la norma, un porcentaje del 50% (por otro 50% la administración autonómica). Sin embargo, los diferentes Gobiernos de la Nación apenas han contribuido a dichos fondos en el entorno del 20%.

   

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