El espíritu de la política de vivienda llevada a cabo desde principios de los 80 por el alcalde jornalero de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, se manifiesta en el nuevo plan de vivienda que quiere aprobar la Junta de Andalucía. No en vano, la Consejería de Fomento y Vivienda está dirigida por Izquierda Unida. Sus responsables no ocultan la influencia de la experiencia de Marinaleda, pero sobre todo se remiten a la escualidez de las arcas. Si el anterior plan nació bajo el paraguas del boom inmobiliario, en 2007, con un gran pacto con sindicatos, empresarios y entidades financieras, el próximo, con una carestía de recursos nunca vista hasta ahora, tirará de prácticas más modestas.

De la promesa (incumplida) de la Junta de construir en una década (hasta 2017) 700.000 viviendas nuevas, 300.000 de ellas protegidas, el nuevo plan se basa en dos conceptos: alquiler y rehabilitación. A éstos se suman tres iniciativas que llevan el sesgo de IU: autoconstrucción, autoreparación y cooperativismo. Aunque puedan parecer prácticas sobrevenidas ante la estrechez de las inversiones de vivienda (la Consejería dispone este año de 125 millones para vivienda, rehabilitación y suelo y cruzan los dedos ante 2014) la realidad es que algunas de estas acciones ya se abordaron en los primeros planes autonómicos. Luego la Junta las abandonó, pero algunos municipios las conservaron. Ahora la Junta trata de recuperar estos pactos por los que las administraciones ponen suelo y materiales y los ciudadanos albañilean ellos mismos o contratan a profesionales. La idea es que el suelo se conceda por un espacio de tiempo, no en propiedad, aunque la Consejería de Fomento y Vivienda ultima el plan.

Los empresarios, representados por la patronal Fadeco, ya han puesto el grito en el cielo por la ausencia venidera de inversiones para obras de vivienda. Desde la Junta apuntan a que el plan estatal del Gobierno central también ha desterrado la construcción de vivienda protegida en propiedad. El boom se acabó. Hasta 160.000 viviendas nuevas recién terminadas están sin ocupar en Andalucía.

El plan también propone crear una bolsa de viviendas para que puedan ser permutadas. Ese programa pretende "facilitar la permuta de viviendas entre la ciudadanía, garantizando la adecuación de la vivienda a las necesidades de la unidad familiar o de convivencia que la habita, bien a titulo de dueña o de arrendataria".

La Consejería regulará mediante orden el procedimiento para la declaración de permuta protegida, que incluirá el asesoramiento, fomento, apoyo y supervisión de los cambios de vivienda y la comprobación de las condiciones físicas y jurídicas de las viviendas a permutar. Asimismo, se creará y regulará una bolsa de oferta de viviendas, donde se registrarán aquellas cuyos titulares necesiten permutarlas por otra más adecuada a sus circunstancias personales o familiares.

Otras de las acciones es que las viviendas protegidas no podrán ser descalificadas para su venta en el mercado libre, es decir, no caducará la condición de VPO y, si se venden, se atenderá a la normativa específica de VPO (las construidas hasta ahora tienen un plazo de 30 años). También recoge la elaboración de un mapa de infraviviendas (chabolas) o un programa de ciudad amable "para fomentar la cohesión social mediante la puesta en marcha de planes de buenas prácticas en espacios públicos".

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía presentó el plan la semana pasada al Consejo de Participación, donde se encuentran los agentes sociales y económicos. En la actualidad el plan se encuentra en periodo de alegaciones.