La morosidad de las administraciones públicas es una de las situaciones más frustrantes para una entidad o empresa que ve cómo se dilata en el tiempo el abono de una factura por un servicio prestado. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda muestran que la Administración central, la Seguridad Social y los ayuntamientos cumplen los plazos legales, un límite de dos meses máximo desde el registro de la factura. La morosidad se concentra en las comunidades autónomas y, en concreto, en sus organismos dependientes.

La pasada semana la presidenta andaluza, la socialista Susana Díaz, anunció la aprobación en abril de un decreto que garantizará un tiempo medio de pago en los sectores que entiende como esenciales: la salud, la educación y los servicios sociales.

Andalucía lleva desde septiembre de 2014 (cuando comenzaron a publicarse las estadísticas) por encima de esos dos meses de límite en el pago a proveedores, aunque su registro es mejor que la media de las comunidades autónomas. Si ese retraso supera los tres meses durante un tiempo continuado, Hacienda toma medidas en virtud de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aunque por el momento ninguna de ellas es coercitiva.

El año pasado la Junta superó esos tres meses en mayo, septiembre y octubre, pero en el último trimestre se recompuso y diciembre lo cerró con un periodo medio de pago (PMP) de 42,49 días. Este indicador, que es un ratio entre facturas abonadas y pendientes, empieza a computar a los 30 días desde el registro de una factura o certificación de obra, lo que significa que, en realidad, la Junta tardó en pagar ese mes 72,49 días.

Según los datos adelantados por la Junta a esta redacción, en enero el índice global de deuda comercial de la Junta será del 38,55, lo que sumado a los 30 días de carencia deja el pago medio en poco más de dos meses.

Hay que tener en cuenta que el comportamiento de este índice sube o baja en función de la liquidez disponible en la tesorería en cada momento, de cómo las entidades acumulan los pagos y de los diferentes mecanismos de liquidez que tienen las administraciones, como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Las estadísticas ofrecen una serie histórica mensual de este comportamiento, lo que permite un análisis detallado, por ejemplo, de los sectores en los que la Junta va a poner la diana.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), el gran pagador de la Junta, superó los tres meses de retraso en tres mensualidades el pasado año, pero su comportamiento, estando por encima del máximo legal, no fue exagerado, con una media de 52,8 días en pagar. De hecho, sólo en cinco mensualidades el indicador fue superior a la media de todos los entes pagadores del Presupuesto de la Junta.

El próximo decreto de la Junta establecerá un tiempo máximo para abonar las facturas en el SAS pero, según informaron fuentes de la Administración andaluza, ese índice no será homogéneo. Como ya es una práctica habitual, el pago de los gastos en farmacia se demoran un poco más, ya que se entiende que este sector tiene mayor capacidad de resistencia.

Hay otras entidades sanitarias con retrasos. La Fundación Progreso y Salud, que cuenta este año con un presupuesto de 20,9 millones de euros, tuvo una media en el año superior a los cuatro meses, siempre por encima de la media de la Junta. La Escuela de Salud Pública estuvo entre los tres y cuatro meses. Las agencias hospitalarias también obtuvieron estos registros, con especial gravedad en el hospital poniente de Almería, que en diciembre y en enero estuvo incluso por encima de los cinco meses de retraso.

La Agencia de la Dependencia y Servicios Sociales, que gestiona uno de cada tres euros del presupuesto de las empresas públicas de la Junta, tuvo retrasos notables en el primer semestre del año y mejoró después, aunque su media también estuvo en los tres meses desde el registro de la factura. La fundación para personas de enfermedad mental Faisem se fue por encima de los tres meses en todas mensualidades, y ahí sigue.

Aunque el decreto también afectará a la educación, estas entidades tienen un mejor comportamiento de pago. La Agencia Pública de Educación y Formación, la segunda que gestiona más recursos tras la agencia de dependencia, apenas superó los dos meses de retraso, y en los últimos meses prácticamente pagó en un mes.

Similares registros obtuvieron la Agencia Andaluza del Conocimiento, que pagó incluso en el mismo mes que registró la factura, o la Agencia de Evaluación Educativa.

El decreto se limitará a estos sectores, aunque hay otras empresas públicas de la Junta importantes que tienen retrasos notables, bien por dificultades de tesorería o por la propia gestión y revisión de las facturas. Es el caso de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), por encima de los cuatro meses, o de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión, que en algunos periodos casi alcanzaron el año.

De hecho, Canal Sur Radio fue en noviembre de 2014 el ente público más moroso de España al presentar un periodo medio de pago de 461,45 días.