La Fiscalía investiga pagos irregulares en rutas de transporte escolar en Cádiz

La Fiscalía de Cádiz está investigando el pago irregular con facturas falsas en diversas rutas de transporte escolar en el curso 2022-23. Según ha publicado El País y ha corroborado este diario, se está investigando una supuesta malversación por valor de 351.396 euros ya que la empresa concesionaria de rutas escolares en la provincia de Cádiz, entre ellas varias en Chiclana, cobraba por servicios que realmente no habría prestado.

En mayo de 2023, la Agencia Pública de Educación, que depende de la Consejería de Educación, abrió diligencias preliminares cuando detectó la tramitación irregular de expedientes de contratación, ya que había un llamativo incremento en el presupuesto que no correspondía con las necesidades del servicio. Como medida cautelar, el trabajador de esta agencia fue suspendido de empleo y sueldo mientras se realizaba la investigación que corrió a cargo de la Gerencia de la Agencia Pública en Cádiz. Como resultado de esta investigación, el 2 de noviembre, la Agencia Pública de Educación despidió al trabajador implicado después de incoar un expediente disciplinario por faltas muy graves.

Asimismo, esta agencia puso el caso en conocimiento de la Intervención General de la Junta, que a su vez lo trasladó a la Fiscalía por indicios de delito. Igualmente, la agencia ha entregado a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) la documentación que ha requerido sobre el caso.

Además, la Agencia Pública de Educación ha reclamado a la empresa, mediante una resolución de nulidad de los contratos afectados que se firmó el 15 de marzo de 2025, las cantidades percibidas de forma irregular, que ascienden a 351.396 euros, e igualmente, reclama al trabajador la cantidad de 25.325 euros que es el salario correspondiente al periodo de suspensión de empleo y sueldo. Así, reclama en total, 376.721 euros por esas supuestas facturas falsas.

Parque de las Ciencias de Granada

Este no es el único expediente que tiene abierto la Consejería de Educación en los tribunales por cobros indebidos, ya que también se dirimen diferencias entre la administración andaluza y dos ex gerentes del Parque de las Ciencias de Granada. Reclama 50.000 euros al ex gerente Ernesto Páramo por haber cobrado sin ir a trabajar durante el año 2020, durante la pandemia y sin habérsele autorizado el teletrabajo; otros 70.000 euros a su sucesora en el cargo, Cristina González, así como al ex director económico, Pablo Espinosa. La consejería ha llevado a cabo una investigación sobre la gestión de distintos contratos en la etapa anterior a 2021 para tomar las medidas oportunas, que están estudiando los servicios jurídicos.

La Intervención General de la Junta denunció una serie de contratos firmados por el museo por irregularidades contables en la contratación de varios servicios, entre ellos el de atención al público, que sumarían más de un millón de euros, si bien la cantidad exacta está todavía por determinar en el informe jurídico que se está elaborando. Desde el Gobierno andaluz explican que estas irregularidades afloraron porque, a partir del año 2020, el Parque de las Ciencias de Granada pasó a estar bajo el control financiero permanente que establece la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta, una medida que entonces fue polémica ya que se entendía que restaba autonomía al Parque de las Ciencias de Granada.

Desde ese momento se ha puesto orden y control en las cuentas, y en este 2025 el parque por fin va a poder aprobar su presupuesto después de cuatro años sin poder hacerlo, y que entre otras cuestiones podrá desbloquear 800.000 euros disponibles en tesorería para poder invertir en los proyectos pendientes.