Los funcionarios de Rota declaran que no recibieron órdenes para adjudicar contratos

Si en el Ayuntamiento de Rota hubo una trama para beneficiar a empresas vinculadas al ex alcalde Lorenzo Sánchez (Roteños Unidos), era algo desconocido por los funcionarios municipales que ayer declararon ante el tribunal de la Audiencia de Cádiz por el llamado caso Uniformes. Un total de 20 acusados, entre políticos, funcionarios y familiares de concejales y ex concejales de Rota, se sientan desde ayer en el banquillo después de que la querella presentada en 2012 por el PSOE desembocara en un procedimiento en el que tanto el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Rota como el Ministerio Fiscal concluyeron que existían "indicios racionales de criminalidad" en diferentes adjudicaciones de contratos de suministros por parte del Ayuntamiento y de organismos municipales a empresas del sector textil vinculadas a Lorenzo Sánchez, alcalde de la localidad desde 2003 hasta 2010. El fiscal entiende que estas empresas tuvioeron pedidos por valor de casi 800.000 euros entre 2003 y 2012.

"Ningún concejal nos dio jamás órdenes para adjudicar los contratos a una empresa determinada", "no sabíamos que había concejales vinculados a esas empresas" o "sabíamos que Lorenzo Sánchez tenía una empresa textil, pero desconocíamos su nombre y su dirección". Con frases como estas los primeros funcionarios -y un ex concejal- que ayer declararon ante el tribunal intentaron desmontar la teoría del fiscal de la existencia de una trama en el Consistorio.

Las declaraciones de más enjundia vendrán en las sesiones siguientes. La de hoy, por ejemplo, arrancará con la de la ex alcaldesa, Eva Corrales (PP), y queda por escuchar no sólo a su predecesor, Lorenzo Sánchez, sino, también al actual alcalde de Chipiona, Antonio Peña, y a otros ex concejales igualmente acusados, entre ellos Juan Antonio Liaño, Antonio Alcedo, Montemayor Laynez, Ismael Puyana, Auxiliadora Delgado y María del Carmen Laynez.