Un ciudadano que compra en una farmacia el medicamento que le receta el médico apenas paga una parte de su coste real. Son precios públicos. El resto del dinero hasta llegar a ese precio real lo abonan las administraciones con los impuestos de los contribuyentes. Éste ha sido hasta no hace mucho uno de los principales motivos de preocupación de los gobiernos, el llamado gasto farmacéutico, que en Andalucía avanza disparado de un tiempo a esta parte. A este reciente descontrol del gasto han contribuido dos factores, una cierta relajación de los controles y, sobre todo, la desaparición de las subastas de medicamentos que ha dispuesto el Gobierno andaluz.

Que el gasto farmacéutico ande desatado en Andalucía sólo parece preocupar a la Consejería de Hacienda, que avisó el pasado mes de diciembre en un informe a la Consejería de Salud del rumbo que está tomando el coste de la prestación pública. Los datos son elocuentes. La variación del dinero que le ha costado al Gobierno andaluz cada receta médica ha subido en mayo de 2022 un 8,5% comparado con el mismo periodo de 2021, según el registro más reciente del Ministerio de Hacienda. En ese mismo periodo, en cambio, el alza promedio de las comunidades autónomas ha sido del 7%. El gasto andaluz en productos farmacéuticos por recetas está mes tras mes a la cabeza del escalafón nacional desde 2019.

Por ese motivo, la Consejería de Hacienda emitió un informe contrario al proyecto de decreto-ley que determinó la derogación de la norma que ha regido la adquisición pública de los fármacos desde 2012. "La supresión de la subasta farmacéutica, más la falta de control por el SAS de la prestación farmacéutica en los últimos ejercicios, ha provocado que en sólo dos años se haya producido un incremento del coste en unos 235 millones de euros que necesariamente, dada la prioridad de la sanidad en el Presupuesto de la Junta de Andalucía, han tenido que ser retirados de las envolventes presupuestarias de otras consejerías", reza el texto de Hacienda. Hoy, la diferencia entre lo que gastaba la Junta en 2019 y lo que tuvo que gastar en 2021 es de 462 millones.

En 2015, cuando la subasta regía aún el modo en que la Administración andaluza compraba los fármacos, la Junta abonó por las recetas 1.587 millones. Fue la factura mínima. La máxima ha sido el gasto de 2021: 2.191 millones, es decir, 604 millones de euros más que han de restarse del resto de consejerías. En 2022, informa la Consejería de Salud, durante el período entre enero y julio, el gasto farmacéutico ha sido de 1.311,47 millones, un 6,7% más respecto al mismo periodo del año anterior. Siempre crece.

La Consejería de Salud y Consumo, preguntada por las razones del gasto disparado en las recetas, atribuye el incremento al aumento de la población de 65 o más años, a la subida de la actividad asistencial en Atención Primaria, a la modificación introducida a través de la Ley de Presupuestos Generales de 2021 y a la incorporación de nuevos tratamientos de precio elevado.

Para mejorar la utilización de los medicamentos y el control del crecimiento del gasto, Salud menciona el seguimiento de pacientes crónicos polimedicados, la elaboración de una guía farmacoterapéutica de referencia para la prescripción en receta, la elaboración de protocolos con recomendaciones para el uso racional del medicamento en el tratamiento farmacológico de las enfermedades más prevalentes o la implantación de campañas de educación para concienciar del abuso de las benzodiacepinas.

Hubo un tiempo en que el gasto al que los gobiernos debían hacer frente para mantener un sistema sanitario público, y viable, era el primer causante de los dolores de cabeza entre los dirigentes. Al comienzo, en la primera década del presente siglo, proliferaron las llamadas a la racionalización. "Los medicamentos no son caramelos", sugirió entonces una ocurrente campaña institucional. De la recomendación al hecho, sin embargo, hay un gran trecho. Llegaron entonces las regulaciones, las leyes, las normas de ahorro, las de la prescripción por el principio activo, por ejemplo. Con el hundimiento de la economía española tras la crisis de 2010 y la escalada sin control del déficit público, se acentuaron estas políticas de reducción del coste del sistema farmacéutico.

La Junta de Andalucía de entonces fue a más e ideó un sistema para reducir el gasto a la vez que ingresaba unos nada despreciables cientos de millones al año. Era 2012. El nuevo sistema de compra de fármacos a la industria para abastecer al ciudadano fue conocido como subasta, un modelo que, por más que ha sido elogiado por organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, estuvo en el punto de mira del Gobierno andaluz del PP y Cs hasta que acabó expirando. Desde entonces anda disparado el gasto.