Guardias civiles piden armas largas para combatir el narcotráfico

La asociación Jucil, mayoritaria en la Guardia Civil, ha pedido a la Dirección General que dote de armas largas a las patrullas de seguridad ciudadana, ante la preocupación por el aumento de la violencia y la peligrosidad de los narcotraficantes. Así lo ha solicitado la entidad por escrito, a la vez que sus representantes han incidido en este problema en el marco de un acto celebrado este viernes en Sevilla.

Un año después del asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate, los representantes de los agentes aseguran que "las cosas no sólo no han mejorado, sino que la situación es insostenible y la violencia ha escalado a una velocidad vertiginosa". En las últimas semanas, repasan, Andalucía ha sido testigo del atropello de varios guardias civiles en Cádiz y Málaga; del fallecimiento de dos presuntos delincuentes en el mar mientras realizaban actividades ilegales; se han avistado multitud de petaqueros y narcolanchas en toda la costa y por el río Guadalquivir; efectivos del cuerpo han sufrido atentados contra sus bienes personales, como el incendio del vehículo de un agente en Adra; y se han detectado a miembros de las organizaciones criminales protegiendo un alijo con fusiles de asalto AK-47 o kalashnikov.

Por todo ello, Jucil denuncia que, a pesar de que el Ministerio del Interior ha prorrogado el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar hasta el 31 de diciembre de 2025, y de que el IV Plan Especial de Seguridad reconoce la necesidad de adaptar los medios a los nuevos desafíos, los agentes de seguridad ciudadana siguen sin disponer de las armas largas, "que se encuentran almacenadas en los armeros oficiales de las compañías".

La asociación recuerda que el fiscal jefe de la provincia de Cádiz, Ángel Núñez Sánchez, ha reconocido públicamente la presencia de mafias de los Balcanes operando en la costa gaditana y ha denunciado la falta de medios personales y materiales para combatir el narcotráfico, que cada vez es más violento y utiliza armas de guerra.

Ante esta situación, Jucil solicita que se implanten mecanismos que permitan la rápida movilización de un equipo de apoyo en caso de producirse situaciones de riesgo, que se garantice la presencia de al menos una patrulla debidamente equipada con todos los medios necesarios, con armas largas y vehículos todo terreno, en cada uno de los núcleos operativos con mayor incidencia.

Asimismo, la asociación exige que se dote a las patrullas de seguridad ciudadana que operan en la zona costera de Huelva, Cádiz y el Campo de Gibraltar de todos los materiales tecnológicos y de seguridad disponibles para la lucha contra este tipo de criminalidad.

Jucil subraya que su petición se fundamenta en la necesidad de cumplir con las normativas vigentes en materia de prevención de riesgos laborales y garantizar la seguridad de los agentes, así como en la necesidad de mejorar la eficacia de la lucha contra el narcotráfico en la zona.

Desde hace tiempo, esta asociación lleva pidiendo una serie de medidas para hacer efectiva la lucha contra el narco. Esas medidas son las siguientes: la renovación inmediata de la flota marítica, con embarcaciones a la altura de las que utilizan los narcotraficantes; mayor dotación de medios terrestres acordes y personales para frenar el crimen organizado; la creación de un juzgado especializado en narcotráfico en Cádiz para agilizar los procediminetos y garantizar que los detenidos no queden en libertad por retrasos judiciales; la declaración de Zona de Especial Singularidad (ZES) para todo el litoral andaluz; la recuperación del OCON-Sur, un grupo de élite especializado en narcotráfico que fue desmantelado "sin justificación"; y la tipificación del delito de petaqueo, cuya proposición de ley ha sido aprobada por el Senado y debe pasar al Congreso "de forma urgente".