El juez ve "ilícita, injusta y arbitraria" la actuación del alcalde de Granada

El auto es rotundo y reprocha con dureza la actuación del alcalde de Granada, Francisco Cuenca Rodríguez, cuando era delegado provincial de la Consejería de Economía en Granada. El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, que investiga la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) por delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación y malversación de caudales públicos, considera que el actual regidor granadino habría efectuado la "ilícita contratación" de los servicios de seguimiento, control y verificación de la ejecución de los cursos de formación profesional para la Economía Social en esa provincia durante los ejercicios 2010 y 2011, y atribuyendo "de forma injusta y arbitraria" las funciones públicas a las empresas contratistas.

En el auto dictado el pasado 21 de octubre, al que tuvo acceso este periódico, el juez explica que Francisco Cuenca llevó a cabo la "adjudicación directa" de los servicios a través de sendas "memorias justificativas" y articulados como un contrato menor de servicio, en los que "no se distingue a qué cursos deben destinarse los servicios contratados, sin que conste como tal el contrato administrativo, concertándose ambos de manera fraccionada y consecutiva" por valor de 12.412 euros (IVA incluido) el contrato de 2010 a la empresa Eca Grupo Bureau Veritas y por 12.000 euros el de 2011 a la entidad CRL Consultores y Asesores Asociados SCA.

El juez entiende que el alcalde atribuyó la "detentación de funciones públicas" a estas empresas contratistas "de forma injusta y arbitraria", y añade que esa "detentación se habría materializado en el empleo de documentación administrativa consistente en modelos de actas e informes oficiales, posteriormente presentados ante la Administración por las entidades contratistas en el ejercicio de las funciones encomendadas y potestades atribuidas".

En esta investigación, que se inició en 2013, figuraban hasta ahora siete personas como investigadas, pero con el nuevo auto el juez ha elevado a 17 el número de imputados, que declararán entre noviembre y diciembre. Así, el alcalde de Granada ha sido citado a declarar el próximo 12 de diciembre, pero el instructor también ha citado a declarar a la jefa de servicio de Economía Social en Málaga, Marta González (17 noviembre); la secretaria general de la delegación de Málaga, Isabel Gálvez (17 noviembre); Manuel Ballesta, jefe de servicio de Jaén (24 noviembre); Carmen Béjar, jefa de servicio de Sevilla (24 noviembre); Luis Felipe Solana, jefe de servicio de Huelva (24 noviembre); Damián Cánovas, jefe de servicio de Córdoba (12 diciembre); Julio César Fernández, secretario general de Cádiz (19 diciembre); Rafaela María Repullo, secretaria general de Cádiz (19 diciembre) y Angelina Ortiz, delegada en Cádiz de la Consejería de Innovación (19 diciembre).