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Andalucía

Los intermediarios de los ERE desviaron 9,5 millones en comisiones ilegales

  • La juez considera que el ex sindicalista Juan Lanzas recibió de los testaferros 2,8 millones que siguen "ocultos" y tres millones por comisiones en ERE de Nueva Rumasa.

La investigación secreta que ha realizado la Guardia Civil en los últimos cuatro meses ha destapado que los mediadores de los ERE, el supuesto "conseguidor" y ex sindicalista Juan Lanzas Fernández y el director de Vitalia, Antonio José Albarracín, pudieron lograr una mordida de 9,5 millones de euros con las sobrecomisiones de las pólizas financiadas con dinero de las arcas públicas.

En el caso de Juan Lanzas, la juez Mercedes Alaya considera que su intervención fue "decisiva" en la concesión de las subvenciones y que a la vez participó de manera activa en el desvío de fondos públicos, hasta el punto de que era "uno de los principales beneficiarios finales" además de que promovió la inclusión de los denominados intrusos en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) financiados por la Junta, según han confirmado a este periódico fuentes próximas a la investigación.

La juez sospecha que Lanzas, para ocultar esos beneficios "ilícitamente obtenidos" organizó un entramado de sociedades que utilizó como empresas "pantalla", que eran administradas por varios testaferros u "hombres de paja", con la única finalidad de introducir en el circuito financiero de una manera aparentemente legal el dinero procedente de esas "sobrecomisiones" aplicadas a las pólizas suscritas y que en algunos casos superaban hasta en un 20% la media del mercado.

La juez considera que Juan Lanzas habría recibido de los testaferros, entre ellos Juan Francisco Algarín Lamela -que está en prisión desde enero pasado- y Eduardo Leal del Real, unos 2,8 millones de euros que "presumiblemente permanecen ocultos" al no haberse acreditado esa entrada en el circuito financiero a través de la adquisición de bienes, servicios o productos financieros. En esta labor, la juez ha destacado el papel "fundamental" desempeñada por la empresa Maginae Solutions, al frente de la cual estaba su cuñado, Ismael Sierra García, como "hombre de paja".

La investigación también ha revelado las relaciones de Juan Lanzas con el grupo Nueva Rumasa, por cuanto durante cinco o seis años el supuesto "conseguidor" de los ERE se encargó de que "en escasos meses" se aprobaran distintos ERE para cinco empresas del grupo. Por cada ERE, Lanzas habría percibido 600.000 euros en concepto de comisiones, lo que hace un total de otros tres millones. Los directores de estas empresas eran responsables del pago de esas mordidas, salvo en el caso del Hotel Cervantes, cuyo pago se efectuó en la propia vivienda de la familia Ruiz-Mateos mediante "sobres semanales o quincenales" de 20.000 o 25.000 euros, que se pagaban en billetes de 500 euros. Esta información, corroborada mediante correos electrónicos, acreditaría que Lanzas habría recibido de Nueva Rumasa unos 139.900 euros en metálico de esas comisiones.

Para dar entrada a esas comisiones, según los investigadores, Lanzas utilizó el domicilio de sus padres para realizar determinadas operaciones, sobre todo las efectuadas mediante Maginae Solutions. También habría usado cuentas bancarias de sus padres para ingresar distintas cantidades que "en ningún caso podrían justificarse a partir de las modestas pensiones que estas personas perciben" y que sirvieron con posterioridad para la adquisición de determinados bienes inmuebles.

La juez cree que hay indicios de que el ex sindicalista se sirvió de su relación con personas que ocuparon diversos cargos públicos y sindicales para desarrollar su actividad como "conseguidor" y entre estos responsables cita expresamente al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, al ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y al ex secretario de Política Municipal del PSOE en Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, que fue además uno de los primeros intrusos detectados al inicio de la investigación del escándalo de los ERE.

El otro presunto comisionista destacado de los ERE, según la investigación de la Guardia Civil, es el director de Vitalia, Antonio José Albarracín, quien junto a su mujer podría haber percibido otros 3,7 millones de euros en comisiones derivadas de las pólizas financiadas con fondos públicos.

La juez cree que el matrimonio pudo lucrarse con las "elevadas sobrecomisiones" que esta mediadora recibió por su participación en los distintos procesos de reestructuración de empresas en crisis y prejubilaciones financiadas por la Junta, hasta el punto de que una parte de ese dinero pasó a Albarracín y su esposa a través de la empresa Permar 21, de la que ambos son administradores solidarios y que, como detalle significativo, "carece de empleados".

Para Mercedes Alaya hay evidencias de que una parte del beneficio obtenido mediante la "sobredimensión de las comisiones" que se pagaban y que eran muy "superiores a la media del mercado" para este sector, pudo ser desviada desde las empresas de Vitalia al propio Antonio Albarracín, a través de Permar 21, que habría recibido 3,1 millones, mientras que su esposa habría recibido de Vitalia 600.000 euros por unos servicios profesionales "que no habrían sido efectivamente prestados".

En cuanto al tráfico de "sobres" con dinero , la juez cree que Albarracín realizó entregas a varios destinatarios en Sevilla, entre los que figura el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, "con dinero previamente transferido desde Barcelona" por parte de la responsable de contabilidad del holding Vitalia, de ahí que buena parte de las detenciones, en concreto nueve, se hallan practicado en la ciudad condal.

De la misma forma, Albarracín habría recibido a su vez "grandes cantidades de dinero" en efectivo presuntamente de Guerrero, a través de su chófer, Juan Francisco Trujillo, y de Juan Lanzas, a través del testaferro Juan Francisco Algarín Lamela, algo que se desprende del análisis de las cuentas bancarias de Albarracín, en las que se observan ingresos en efectivo por valor de más de 260.000 euros.

La sociedad Permar 21 recibió además otros 117.000 euros de Atrado Mensajería, una de la empresas en las que figura el testaferro de Juan Lanzas.

La juez Mercedes Alaya tiene indicios de que Albarracín y su mujer han adquirido bienes y servicios con el dinero de Permar 21 y declarando gastos que "nada tendrían que ver con la actividad de la empresa", sino más bien con gastos personales del matrimonio derivados del "elevado nivel de vida que parecen mantener".

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