La Junta de Andalucía pide al Estado que conceda ayudas para urbanizar el suelo para viviendas

Las diferencias en la política de vivienda entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía no son nuevas; ambas administraciones discrepan en las medidas a poner en marcha para tratar de dar respuesta al principal problema de los españoles. Pero ahora las han puesto por escrito porque la Consejería de Fomento ha presentado hasta veinte alegaciones al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que ha presentado el ministerio. Las principales diferencias están en el dinero.

El ministerio que dirige Isabel Rodríguez plantea una cofinanciación de las promociones de viviendas protegidas por la que los ejecutivos autonómicos deberán aportar el 40% del coste de las promociones, mientras que el Estado pondría el 60% restante. Así, a la comunidad autónoma le correspondería una inversión de 1.197 millones de euros del Estado que llevarían aparejados otros 373 millones por parte de la Junta “para la construcción de vivienda asequible”.

El Gobierno andaluz argumenta que supone “un viraje” con respecto a todos los planes precedentes y reclama flexibilidad: “Se traslada a las comunidades autónomas una responsabilidad financiera cuantiosa sin que haya mediado un consenso previo y con ausencia total de una justificación técnica, económica y jurídica; por lo tanto, se solicita revertir la rigidez del 40% de cofinanciación obligatoria y volver a un modelo más flexible y complementario, acorde con la capacidad financiera de cada comunidad autónoma”.

Una de las principales novedades es que la Junta plantea que se incluya una línea específica para ayudas a la urbanización de suelos de vivienda protegida, con autonomía propia, independientemente que pueda considerarse un coste subvencionable dentro de los programas de promoción. La administración andaluza entiende que así se va a incentivar la construcción cuando considera que uno de los principales problemas es la falta de inmuebles en el mercado.

El período de protección de las viviendas protegidas es otro de los puntos de fricción. La Junta considera que va contra la doctrina del Tribunal Constitucional que el Estado blinde la protección de las viviendas construidas con fondos públicos, tanto las destinadas a la venta como al alquiler. El Gobierno pretende que estas viviendas nunca puedan salir al mercado libre mientras que la Junta establece plazos concretos para cada uno de las promociones. Unos plazos que van desde 7 hasta 90 años.

Rehabilitación

Otro de los aspectos en los que chocan ambas administraciones hace referencia a las ayudas a la rehabilitación. La Junta ha reclamado que se recoja de forma explícita la continuidad de las subvenciones para rehabilitación energética con cargo a los fondos europeos Next Generation. Asimismo, está en contra de que se fije como requisito para acceder a la ayuda a la rehabilitación de viviendas vacías el que se vayan a destinar al alquiler social o asequible, el mismo criterio que se determina para acceder a la rehabilitación integral de edificios de viviendas.

La Junta argumenta que uno de los requisitos es que la vivienda constituya domicilio habitual y permanente de las personas propietarias, usufructuarias o arrendatarias. Y argumenta que si se trata de viviendas vacías, sólo se ayudará a las que vayan al alquiler no a quienes quieran vivir en un pico en mejores condiciones climáticas. Asimismo, destaca que no se menciona en qué plazo o periodo de tiempo deben de disponerse las viviendas en alquiler social una vez que hayan finalizado las obras.