Andalucía

¿Cómo será la ley de Concordia?

  • El Gobierno aspira a cambiar la legislación de Memoria Histórica, que PP y Cs no apoyaron en el Parlamento por su “carácter revisionista” con la Amnistía de 1977 y el ámbito educativo

Patricia del Pozo, consejera de Cultura, con la diputada de Vox Ana Gil. Patricia del Pozo, consejera de Cultura, con la diputada de Vox Ana Gil.

Patricia del Pozo, consejera de Cultura, con la diputada de Vox Ana Gil. / M. J. López / EP

El acuerdo de Gobierno firmado entre PP y Ciudadanos no tiene ni una mención a las políticas incluidas en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Pese a esa ausencia en el documento que debe dirigir los primeros pasos del Ejecutivo, de la tercera reunión del Consejo de Gobierno que preside Juanma Moreno salió la creación de un Comisionado para la Concordia que, en realidad, es un cambio de nombre de la Dirección General que detentaba estas competencias en los gobiernos socialistas.

La nueva denominación es un guiño a Vox, el socio parlamentario del Ejecutivo en virtud al pacto firmado por los populares. En el punto 33 de dicho documento se alude a la reforma de la Ley de Memoria Histórica y Democrática para convertirla en la llamada Ley de Concordia, que el propio Juanma Moreno defendió en sus comparecencias durante las negociaciones para formar el Gobierno del cambio.

Mientras se ponga en marcha la modificación legislativa, PP y Ciudadanos han garantizado que se cumplirá la norma vigente. Lo dijo Elías Bendodo, portavoz del Ejecutivo, cuando anunció la creación del Comisionado para la Concordia. También se comprometió a ello Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, en la comisión parlamentaria de su departamento.

Del Pozo recupera para su área las políticas de Memoria Histórica, donde estaban precisamente durante el tiempo que se debatió en la Cámara andaluza esta ley, que, en realidad, procede del Gobierno de coalición entre PSOE e IU que dirigió la Junta entre 2012 y 2015, primero bajo el mando de José Antonio Griñán y después bajo el de Susana Díaz.

La norma se aprobó en marzo de 2017 en el Parlamento con el apoyo de PSOE, Podemos e IU y la abstención de PP y Ciudadanos. En total fueron 72 las enmiendas que presentaron los partidos que ahora dirigen el Gobierno y ninguna fue incluida en el texto.

El debate de la Ley de Memoria Histórica en 2017

PP y Ciudadanos están de acuerdo en el fondo del texto: apoyan las excavaciones para hallar a víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista, pero rechazan el carácter “revisionista” que, en su opinión, tiene la ley. Sergio Romero, portavoz adjunto de Ciudadanos, fue el encargado de mostrar la postura de su grupo, mientras que el diputado popular Juan Ramón Ferreira, que ya no está en el Parlamento, fue el portavoz del PP en la ponencia de la Ley de Memoria

“Suscribimos sin reservas los principios que inspiran la ley, de verdad, justicia y reparación”, explicó el político popular en el debate de aprobación de la ley, donde lamentó que se obviaran las 30 enmiendas que presentó el PP.

Entre otras iniciativas, rechazaban la norma extendiese su fecha de aplicación hasta 1982, cuando el PSOE de Felipe González llega a La Moncloa después de ganar las elecciones generales por mayoría absoluta. Los populares recuerdan que antes hubo unas elecciones constituyentes, otras generales, unas municipales e incluso autonómicas. Y que se aprobó la Constitución.

Por eso, su propuesta pasa por circunscribir la aplicación de la ley a 1977.Ciudadanos, además, estaba en contra de la inclusión del periodo que va desde la proclamación de la II República hasta el estallido de la Guerra Civil.

Tampoco están de acuerdo en el PP con la inclusión de las políticas de memoria en el ámbito educativo, por ese carácter “revisionista” que, junto con Ciudadanos, extienden a su defensa de la Ley de Amnistía de 1977. “Ciudadanos no quiere ningún amago que huela a ideologías, que suene a discordia o que nos traiga a la retina la imagen de los rojos contra los azules, o de los azules contra los rojos”, ilustró Sergio Romero en aquel debate, donde también pidió un impulso al pacto educativo andaluz antes de incluir la Memoria Democrática entre las asignaturas que se estudian en los centros de enseñanza de Andalucía.

En aquel debate, tanto PP como Ciudadanos lamentaron que no se llegase a la unanimidad y justo eso es lo que ha pedido la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, para convertir la Ley de Memoria en una Ley de Concordia. Hace dos años no fue posible que los dos partidos del centroderecha se pusieran de acuerdo con los del centro izquierda. La entrada de Vox en la Cámara andaluza hace aún más difícil ese consenso.

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