El desarrollo de la ley de dependencia en Andalucía ha entrado en stand by. Desde la vuelta de las vacaciones de verano, la entrada de nuevos beneficiarios al sistema es prácticamente cero. En tres meses no hay apenas variación y la que se ha dado es a la baja. Esta circunstancia es inédita en los registros desde que se puso en marcha la ley a mediados de 2007, salvo la excepción que supusieron las limpiezas de fallecidos de las cifras oficiales en junio de 2009 y mayo de 2011.

A 1 de diciembre, según las estadísticas del Imserso, en la comunidad reciben prestaciones 191.330 dependientes. En septiembre eran 192.414. En noviembre, 192.920.

Este saldo negativo se explica por el freno a la ley de dependencia que también se reproduce en otras comunidades autónomas y de la que no escapa Andalucía. Si se comparan las estadísticas actuales, el 1 de enero se daban ayudas a 182.724 beneficiarios, con lo que en todo este año se registra un aumento de 8.606 dependientes. En 2010, el incremento neto fue de unas 40.000 personas.

Precisamente, este año había que dar cobertura a unos 40.000 dependientes más que entraron en el sistema: los moderados más graves (Grado I Nivel 2), que tienen derecho a recibir una ayuda desde el 1 de enero, al igual que los grandes dependientes y los severos. Las estadísticas no especifican cuántos beneficiarios se han dado de baja en el sistema por fallecimiento o se han dado de alta por mejoras en su salud, algo más improbable al tener más de 80 años la mayoría de los usuarios. La parálisis de Andalucía sucede a las que ya venían registrando otras comunidades en meses anteriores.

Este año, a falta de diciembre, sólo Aragón y Asturias acabarían el año con menos dependientes atendidos que en enero. Pero si se comparan las estadísticas desde septiembre, Baleares, Extremadura o Valencia acompañan a Andalucía en el paso atrás. Otras muchas registran aumentos mínimos desde las vacaciones de verano y País Vasco y Madrid han experimentado un salto importante este año en cuanto a dependientes con una ayuda.

Esta aplicación al ralentí, donde no se cubre la tasa de reposición -mueren más dependientes de los que acceden a las ayudas-, contrasta con la cifra personas que tienen derecho a una prestación y aún no la reciben.

En Andalucía, el 30% de los reconocidos como dependientes se encuentran a la espera: 77.475 andaluces están en el limbo de la dependencia.

El estancamiento en la aplicación de la ley difiere notablemente de las previsiones que maneja el Gobierno andaluz para 2012. Según el proyecto de ley de Presupuestos, que se votará la semana próxima en el Parlamento andaluz y que se ha utilizado como arma electoral por parte del PSOE en la pasada campaña del 20-N, Andalucía cerraría el próximo año con 275.744 andaluces atendidos, casi 85.000 más que ahora. "Se estima que la población atendida con carácter neto a finales de 2012 ascenderá a 275.744 personas", señala literalmente la previsión de la Junta para 2012.

Esta predicción va más allá y apunta que habría 29.696 personas atendidas en residencias (19.680 en la actualidad); 15.449 en centros de día (11.758); 64.539 en ayuda a domicilio (50.121); 205 personas atendidas en casas hogar y 165.855 prestaciones económicas (109.947).

Las pagas pasarían de representar el 57,4% de las ayudas que reciben las personas beneficiarias con prestaciones al 60,1%. Estos porcentajes se rebajan, y así lo abraza la Junta, si se computa el número total de prestaciones que se conceden (259.229), al poder recibir una persona dos o incluso tres ayudas complementarias. El número de ayudas concedidas sí ha aumentado, un 1,6% desde septiembre y un 8,2% desde enero.

Desde la Junta de Andalucía rechazan que haya una parálisis en la aplicación de la ley. Fuentes de la Consejería de Igualdad se remiten a la evolución desde enero, que ha supuesto un incremento neto de 8.606 personas, y añaden que durante este año han fallecido 27.336 personas que se beneficiaban de las ayudas, según datos del Instituto Nacional de Estadística. A ello añaden que otras 3.659 personas se han visto afectadas por bajas administrativas (traslados, renuncias,...).

Pero en 2010 también hubo fallecidos y el incremento neto fue muy superior. Las mismas fuentes señalaron que no existe un "limbo" de dependientes sin ayuda, sino que esta causalidad obedece al propio desarrollo de la ley. Además, agregaron que la estimación para 2012 es una "proyección aritmética" en base a los datos actuales. No hubo respuesta específica a la variación desde verano, ni si existen problemas económicos, tras entrar por primera vez la dependencia en números negativos en la comunidad.