Los pacientes que deciden pasar por quirófano para mejorar su aspecto físico son cada vez más y más jóvenes. Tanto, que uno de cada diez de los que se someten a una operación de cirugía estética ya es menor. Ante esta realidad creciente, el Consejo de Gobierno materializó ayer el decreto anunciado hace ya más de un año por el que se establece la obligatoriedad de realizar un informe psicológico para medir el nivel de madurez de los adolescentes, en su mayoría mujeres, que quieren una intervención quirúrgica.

El paso dado por el Gobierno autonómico, como explicó ayer la consejera de Salud, María Jesús Montero, trata de aumentar los niveles de seguridad y las garantías de información a los menores y sus padres, sobre todo, ante los riesgos que muchas veces "se silencian" y que están encima de la mesa de operaciones, así como para "contrarrestar" la presión publicitaria que otorga al aspecto físico la clave de la felicidad.

La protección del menor, por tanto, arranca del test psicológico y del derecho a un información "seria y rigurosa", en la que además de advertirles de los peligros físicos, se les alertará de los psicológicos que pueden derivarse de una falta de madurez mental para asimilar la nueva identidad tras un acto quirúrgico, de las contraindicaciones o de las posibilidades de repetir la operación en un futuro si no queda bien.

El segundo nivel de protección está en que si hasta ahora los mayores de 16 años tan sólo necesitaban firmar su consentimiento informado, a partir de este decreto también será tenida en cuenta la opinión de los padres. En el caso de los adolescentes de entre 12 y 16 años será a la inversa: aunque se les escuchará, el consentimiento corresponderá a los padres. Mientras en los menores de 12 años, sólo cabe la decisión de sus progenitores.

El consentimiento informado tampoco será al uso. Recogerá todos los informes de los profesionales, desde la técnicas que se van a aplicar a la tasa de éxito del centro y del cirujano que la va a ejecutar.

Tampoco los centros escaparán al control de la Junta. Con carácter anual, deberán remitir los datos sobre las intervenciones a menores, los indicadores de resultados, complicaciones y efectos secundarios, además de una memoria sobre sus instalaciones, recursos materiales y, sobre todo, humanos, ya que se exigirán los certificados y titulaciones de los profesionales.