Una nueva ley obligará a la Junta de Andalucía a reutilizar los bienes públicos y al uso de solares vacíos

Los principios de la norma están en el Pacto Verde Europeo y en el sentido común de las economías domésticas. La Junta de Andalucía va a estar obligada por ley a reparar los bienes que se estropeen, a tratar de reutilizarlos y, en caso de que sea imposible, a buscarles una segunda vida. Una obligación que se va a extender a todos los bienes muebles de la administración (vehículos, ordenadores y también mesas y sillas) y también a los solares y edificios públicos que posee. Porque el resto de administraciones, como los ayuntamientos, podrán reclamar la puesta en uso de solares o edificios vacíos que sean de la Junta. Una utilización que tiene un amplio abanico dependiendo de cada caso: se podrá ceder a entidades y asociaciones para su uso, a otras administraciones y también enajenarse mediante subasta pública.

Para ello, el texto legislativo introduce la figura de los proyectos públicos de aprovechamiento y explotación, por la cual las administraciones públicas territoriales de Andalucía podrán instar a la Junta a la mejora del aprovechamiento y explotación de los bienes patrimoniales radicados en su territorio. De esta forma, un ayuntamiento podría por ejemplo solicitar a que se ponga en uso un inmueble abandonado.

También se incluye como novedad la figura legal de la consulta de interés de mercado, con el objetivo de recabar información directa del tejido empresarial y la sociedad civil sobre cómo concretar, optimizar o mejorar determinados proyectos preparar los correspondientes procedimientos de adjudicación. Así lo recoge expresamente la Ley de Patrimonio público de la Junta que el Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar mañana para iniciar su tramitación parlamentaria y que convierte a la administración andaluza en la primera en incorporar los principios de la economía circular en la gestión de su patrimonio.

Por muy llamativo que pueda parecer, la administración andaluza no está obligada por ley a reciclar los bienes muebles que ya no utilice. A partir de ahora deberá entregarlos a empresas gestoras de residuos, a veces mediante venta otras por cesión gratuita dependiendo de los casos.

La venta

La Consejería de Hacienda que dirige Carolina España ya ha puesto en marcha varios procesos de enajenación del patrimonio público en desuso, sobre todo en el caso de solares y edificios que tenían un alto coste de mantenimiento, que superaba los seis millones de euros.

La nueva Ley de Patrimonio va a sustituir a la de 1986, todavía vigente aunque se ha modificado en varias ocasiones en los años 2003, 2006 y 2009, siendo la última reforma la del Decreto ley 3/2024, de 6 de febrero, de simplificación administrativa.

Una plataforma web

La norma recoge la creación de una plataforma de publicidad patrimonial de la Junta, integrada dentro de la web de la administración, que va a centralizar toda la información sobre las operaciones y negocios jurídicos patrimoniales de la Junta de Andalucía, de modo que los ciudadanos e interesados sólo tengan que acudir a un único lugar para acceder a toda la información

La nueva Ley de Patrimonio, se contempla un circuito una vez que el bien mueble (vehículos, mobiliario de oficina y de centros educativos, móviles, portátiles y otro material informático… entre otros) no es apto para su primera utilidad. Este circuito consta de cuatro fases que se agotarán por orden. En primer lugar, la administración deberá apostar por la reutilización interna mediante la creación de bolsas de segunda oportunidad para su uso por otros órganos, centros, organismos o entidades del sector público andaluz. En segundo, se deberá apostar por la reparación para su uso mediante contratos al efecto, antes de comprar algo nuevo. La siguiente fase es realizar una oferta pública permanente de bienes obsoletos, deteriorados, en desuso o antieconómicos para su transmisión a terceros, y, como último caso, la cesión gratuita u onerosa a entidades gestoras de residuos para su puesta en valor y reciclaje.