El Parlamento de Andalucía acordó ayer la supresión de la paga extraordinaria de diciembre a los 109 diputados y diputadas andaluces, una decisión que ha tomado la Mesa de la Cámara a propuesta del presidente, Manuel Gracia. La medida adoptada viene precedida de la polémica surgida a raíz del anuncio el pasado martes del PP de que sus diputados habían solicitado esta semana renunciar a la paga extra de Navidad, una iniciativa con la que los parlamentarios populares vendieron que pretendían "adaptarse a las medidas dolorosas" que están sufriendo los ciudadanos, sobre todo, los funcionarios, a los que el Gobierno de Rajoy les ha suprimido esta mensualidad.

Este anuncio del PP fue calificado por el vicesecretario general del PSOE-A y presidente del grupo parlamentario, Mario Jiménez, de actitud "cínica y demagógica", al esgrimir que ya había un acuerdo de todos los partidos en la Cámara tomado desde hace dos semanas. Sin embargo, sea o no así, la vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana María Corredera, seguía en la misma tesis, y defendió que, tras el ejemplo de los parlamentarios populares, los del PSOE e IU deberían secundarles porque, en su opinión, "en tiempos difíciles, los gestos son importantes".

En una escueta nota, el Parlamento andaluz aseguró que la Mesa de la Diputación Permanente acordó, a propuesta del presidente de la Cámara, suprimir la paga extraordinaria de diciembre de todos los parlamentarios. También se recoge el acuerdo de estudiar la aplicación en el ámbito parlamentario del resto de medidas de ajustes aprobadas por el Gobierno de la nación el pasado.

El pasado 5 de julio, la Mesa de la Cámara aprobó un recorte de 1,31 millones en su presupuesto de 2012 con el objetivo de adaptarlo al decreto ley que recoge el plan de reequilibrio financiero de la Junta para cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria (1,5% de déficit). Este acuerdo incluye una reducción del 10% en el salario del presidente, un 6% en el sueldo del resto de diputados y un 5% de media en las retribuciones de los funcionarios de la institución.

Los 1,31 millones de créditos no disponibles por el Parlamento se distribuyen en programas como mobiliario y enseres (338.764 euros); altos cargos (216.436 euros); adquisición de material de transporte (195.000 euros); funcionarios (158.901 euros); otros gastos de personal (94.604 euros); subvenciones (89.902 euros); y Junta Electoral de Andalucía (70.000 euros).

El resto de programas afectados por el recorte presupuestario son reuniones y conferencias (60.000 euros); información, divulgación y publicidad (24.454 euros); atenciones protocolarias y representativas (18.932 euros); incentivos al rendimiento (17.782 euros); otras asignaciones (16.826 euros); y eventuales (15.327 euros).