La quita de la deuda del Gobierno a la Generalitat de Cataluña se extenderá y beneficiará al resto de comunidades autónomas, incluida la Junta de Andalucía, aunque en una cantidad que aún se desconoce. Sí la sabe, porque hizo los cálculos previos, el Ministerio de Hacienda pero el departamento de María Jesús Montero guarda de modo muy celoso la cifra hasta que no se produzca la investidura de Pedro Sánchez. Los presidentes autonómicos del PP se lanzaron en tromba el jueves pasado contra un pacto que juzgan discriminatorio pero que, sin embargo, sigue la pauta de acuerdos similares entre el Gobierno y Cataluña: al final, todas las comunidades, o casi todas, se acogerán a la reducción de la deuda. Y, en especial, Valencia y Andalucía, cuya infrafinanciación es una de las razones de la fuerte deuda acumulada.

De hecho, las declaraciones de los presidentes autonómicos están cargadas de matices. Mientras que el andaluz Juanma Moreno pide el mismo trato que Cataluña, que juzga en 17.800 millones de euros, otros amenazan con ir a los tribunales. Isabel Díaz Ayuso, con cero deuda con el Estado, es la más beligerante. Andalucía debe 25.409 millones de euros al Gobierno central, en porcentaje no es de las más endeudadas, pero el volumen es considerable. La partida de gasto financiero para pagar la subida de tipos de interés se ha incrementado un 33% en el proyecto de Presupuestos de 2024.   

El FLA también ha sido un modo sortear la responsabilidad fiscal por parte de las comunidades autónomas

La Generalitat se ahorrará 15.000 millones de euros de la deuda contraída por el Estado, un 20% de lo que debe al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), pero ese porcentaje no será el mismo para el resto, puede incluso que sea mayor, de modo que en el caso andaluz no serán 5.000 millones, sino una cantidad que puede superar los 10.000 millones.

La alegación de Juanma Moreno está cargada, en principio, de razón: si el Gobierno central perdona el mismo porcentaje a todas las comunidades estará castigando a las más ahorradoras, aunque eso supone que el volumen de la deuda sólo es atribuible a una mala gestión. Y no es del todo así: Valencia, por ejemplo, es la peor financiada del país, mientras que Cataluña sí ha tirado del Estado ante la creencia de que se le debe lo que los independentistas llaman déficit fiscal.

La fórmula del cálculo sí será la misma para todas, y es la pactada con ERC. Aquellas comunidades autónomas que lo soliciten verán reducida su deuda en la parte atribuible al esfuerzo que hicieron los gobiernos regionales para mantener los servicios públicos, en especial la sanidad y la educación, durante los años que prosiguieron al estallido de la burbuja financiera de 2008. Fue en 2012 cuando el entonces titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, ideó un fondo, el FLA, para que las comunidades pudieran hacer frente a esos gastos porque no tenían la posibilidad de hacerlo en los mercados financieros. El Gobierno central pagaba -y se endeudaba-, y las comunidades gastaban.

Una transferencia entre administraciones

El acuerdo entre el Gobierno central y ERC es, en realidad, una transferencia entre administraciones, el Ministerio de Hacienda perdona a Cataluña 15.000 millones de euros que le ha prestado desde la crisis económica de 2012, pero el balance para el Estado es nulo, porque la deuda del conjunto del Reino de España es la misma. Los gobiernos autonómicos respirarán mejor, se ahorrarán además el interés que pagan al Estado por la deuda, pero el FLA estará tocado de muerte: tarde o temprano deberán financiarse en el exterior, fuera del paraguas del Reino de España.

Ya el anterior ministro de Hacienda y precursor del fondo, Cristóbal Montoro, había adelantado a algunas autonomías que el FLA se tenía que acabar, porque en cierto modo es un dejación de la responsabilidad financiera de los gobiernos regionales. Fuera, en los mercados financieros, sigue haciendo frío, y es mejor que el Estado las siga financiando.

Algunas comunidades, como Andalucía, han conseguido alguna vez dinero en los mercados, pero esta vía no deja de ser anecdótica. De hecho, muchos gobiernos regionales están refinanciando la deuda del FLA con nuevas peticiones al propio FLA porque los intereses son muy bajos comparados con los del exterior. Andalucía debe 25.270 millones de euros al Gobierno, es una de las que menos deuda tiene contraída, pero no es la mejor situada. De hecho, Madrid no tiene ninguna deuda con el FLA, el gobierno del PP en esta comunidad central se negó a acudir al Estado para financiar el gasto, lo que motivó no pocos desencuentros entre Montoro y los liberales madrileños.

Liberales y agobiados

Pero tampoco conviene concluir que la gestión madrileña es la mejor. Esta comunidad central se ve beneficiada por la capital del país, Madrid es hoy la autonomía que más dinero recauda y la que más aporta al conjunto del Estado. Lleva años superando a Cataluña, de tal modo que el Gobierno regional del PP ha actuado de este modo porque se lo ha podido permitir y porque su praxis liberal es coincidente con su ideología. Prefirió salir a los mercados, incluso en los momentos más duros.

El caso de Cataluña es, paradigmáticamente, justo el contrario. Aunque sus gobiernos han trabajado por la independencia desde la década pasada, su autonomía financiera está comprometida por la gran deuda que debe a España. Ningún país puede aspirar a la independencia si debe más de 70.000 millones de euros del Estado del que se quiere separar. Y sin una moneda común. 

Por eso, la Generalitat está obsesionada por reducir la deuda mientras no consigue su objetivo primordial: el pacto fiscal con el Estado, una suerte de cupo vasco que le dé la suficiente autonomía política para aspirar a la segregación, además de conseguir mucho más dinero, el que actualmente aporta a la bolsa común.

El proceso independentista de Cataluña comenzó con esa petición, formulada por entonces por Artur Mas a Mariano Rajoy. En los acuerdos que el PSOE ha firmado con ERC para la investidura de Pedro Sánchez no se recoge esa petición que, de momento, es una línea roja para todos los gobiernos españoles.