El informe anual del Defensor del Pueblo Andaluz

Los recortes y los fallos de gestión coartan la prestación de derechos

  • Maeztu alerta de la dificultad que hay en la población para recuperar su situación anterior a la crisis

El Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, ayer en la sala de prensa del Parlamento. El Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, ayer en la sala de prensa del Parlamento.

El Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, ayer en la sala de prensa del Parlamento. / jesús prieto / EP

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Jesús Maeztu está al frente de la oficina del Defensor del Pueblo desde 2013, el peor año de la crisis. Desde entonces los números macroeconómicos no han hecho más que dar buenas noticias y él, en cada comparecencia para presentar su informe anual, recuerda que la recuperación no llega a quien más lo necesita. Este año está en posición de explicar el por qué. "Los derechos están oscurecidos por la falta de presupuesto o fallos en la gestión", explicó este martes Maeztu en la presentación de la radiografía que el Defensor del Pueblo Andaluz hace de su trabajo en 2017.

Cada año hay quejas heredadas del anterior. Por poner un ejemplo, las quejas por la falta de vivienda pública en Andalucía. La razón, explicó Maeztu, está a esa falta de fondos públicos para construir pisos protegidos. En materia de vivienda hay también muestras del segundo problema apuntado por el defensor, los errores de gestión. Destacan especialmente los atascos burocráticos en la concesión de las ayudas al alquiler de la Junta, que presentan numerosos retrasos en el pago. "Reconocen que tenemos razón, pero nos dicen que pueden prestar el derecho porque no tienen presupuesto o porque hay un fallo de gestión o coordinación", abunda Maeztu para explicar esta reiteración de quejas ciudadanas que no se solucionan de un año para otro.

El 54% de las quejas que gestiona el Defensor están relacionadas con el Estado del Bienestar

"Dejen atrás los modelos de austeridad", espetó Maeztu en la sala de prensa del Parlamento, donde este martes detalló el informe del año pasado después de entregárselo a Juan Pablo Durán, presidente de la Cámara. Y aprovechó para dar un tirón de orejas a la mayoría que forman PSOE y Ciudadanos en el legislativo andaluz al criticar las rebajas fiscales aprobadas en los últimos años. "Los derechos vinculados al Estado del Bienestar deben tener prioridad sobre los criterios económicos", apostilló.

La mayoría de las quejas ciudadanos, el 54%, están relacionadas con el Estado del Bienestar y están relacionadas con las movilizaciones que marcaron 2017 en defensa de la educación y la sanidad públicas. En la enseñanza destacan las reclamaciones en materia de Educación Especial, un 12% más que en 2016, sobre todo por la falta de personal que sufren los centros causada por la escasa dotación presupuestaria. También hubo quejas por los problemas de climatización registrados el verano pasado y por el nuevo decreto que regula el acceso a las guarderías.

En el ámbito sanitario reinciden las quejas sobre listas d espera, pero también hay sobre atención especializada y sobre enfermedades tan relevantes como el cáncer -"con una percepción de retraso en el acceso a los tratamientos de radioterapia y quimioterapia"- y el íctus. En resumen "es una demanda clara de incremento de medios para superar el déficit de calidad asistencial advertido durante la crisis".

El tercer pilar del Estado del Bienestar, los servicios sociales, también recibe quejas en el informe del Defensor en 2017. Destaca la falta de plazas en las residencias públicas para personas mayores, un colectivo sobre el cual la oficina que dirige Maeztu ha puesto el foco. Actualmente, se está investigando la respuesta que da la Administración a las condiciones de las personas mayores que viven solas.

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