La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, anunció ayer en la comisión parlamentaria de su departamento que llevará a cabo este mes de septiembre "una inspección extraordinaria de nuevo en todas la residencias públicas de personas mayores". Serán 14 en total. Ruiz desveló que, durante los meses más duros de la pandemia, se tuvo que hacer frente a un total de 1.260 bajas laborales en las 14 residencias públicas andaluzas. No todas corresponden a personas, sino a contratos, algunos de corta duración.

La Consejería de Igualdad pierde ahora la gestión de las residencias de mayores, según el acuerdo de remodelación del Gobierno andaluz de la semana pasada. Sin embargo, en el decreto de estructura, que se se publicó ayer en el BOJA, se especifica que las residencias irán a la Consejería de Salud hasta que el Gobierno central dé por finalizada la crisis sanitaria por el Covid-19. El resto de los cambios coincide con lo que se anunció en el Consejo de Gobierno.

Sólo se tuvieron que medicalizar dos de los 1.107 centros de mayores de la región

Durante su comparecencia para responder a la situación en las residencias tras la crisis provocada por el Covid-19, la consejera de Igualdad destacó que, desde que se dieron los primeros casos en nuestro país, el Gobierno andaluz "extremó las precauciones", y que incluso antes del estado de alarma se tomaron medias "para controlar la expansión del virus", al tiempo que ha señalado que durante el confinamiento se "han diversificado medidas de protección para abarcar toda la casuística de los mayores" y que "se han hecho contrataciones de emergencia para cubrir bajas y cumplir la ratio, 1.260 durante la pandemia".

Rocío Ruiz subrayó que la Inspección de Servicios Sociales ha llevado a cabo un plan de trabajo extraordinario "con un protocolo de actuación inspectora específico para conocer la situación de cada uno de los centros residenciales", y junto a ello "este mismo mes de septiembre llevaremos a cabo una inspección extraordinaria de nuevo de los Servicios Sociales de la Consejería en todas la residencias públicas".

Al respecto, añadió que "sólo en dos ocasiones se ha intervenido la gestión de estos centros, medicalizando dos de los 1.107 existentes durante la pandemia", y destacó la creación del puesto de la enfermera de enlace y que "se ha programado el abastecimiento de materiales para garantizar el suministro a las residencias de mayores".

Tras el estado de alarma, Ruiz informó de que "subieron las medidas de prevención para evitar rebrotes, que "se llevan a cabo con tres intervenciones fundamentales, como potenciar en los centros todas las medidas de prevención higiénico-sanitarias, el uso de mascarillas o la distancia social; el diagnóstico precoz con actuaciones de sensibilización; y la sectorización de la residencia", y destacó que en agosto la Junta "fortaleció las medidas preventivas".

Desde el PSOE, el parlamentario Rodrigo Sánchez Haro reclamó al Gobierno andaluz que "ponga todos los medios para que no se vuelva a repetir el tremendo impacto del Covid-19 en las residencias de mayores", y añadió que pese "al incremento de fallecimientos y contagios masivos" en residencias en esta nueva oleada, el Gobierno andaluz sigue "sin tomar medidas, llevando a cabo una gestión oscurantista y con una alarmante falta de transparencia, que indigna a familias y trabajadores, que han denunciado presiones y falta de atención en repetidas ocasiones".

Según expuso Sánchez Haro, "uno de cada tres muertos por Covid en Andalucía son personas mayores que vivían en residencias, más de 1.500 personas fallecidas, de las que 567 vivían en residencias de mayores, y otras 29 en residencias de personas con discapacidad", al tiempo que reprochó a Igualdad que haya tardado "seis meses en dar datos por centros, coincidiendo casualmente con la fecha en que la vacían de competencias".

Ante "la brutalidad de los mismos nos preocupa la indolencia de Moreno Bonilla, incapaces de mostrar un sólo ápice de autocrítica ni de sensibilidad con las familias afectadas", por lo que exigió al Ejecutivo "que haga mucho más y aprenda de sus errores en los peores momentos de la pandemia". Sánchez Haro criticó igualmente "el recorte de más de 2,3 millones de euros del presupuesto para sustituciones", y ha afirmado que "mintieron en primavera y mienten ahora cuando vendieron a bombo y platillo que la situación de las residencias estaba bajo control, que estaban preparados y que todas las residencias estaban medicalizadas".