Después de una década dedicado al proceso independentista, al Gobierno catalán le han estallado en la cara las cosas del comer. O del beber. La Generalitat ha tenido que declarar esta semana la alerta máxima por sequía para 202 municipios de las provincias de Gerona y Barcelona, incluida su capital y el área metropolitana. Casi seis millones de personas entran en un territorio desconocido de extrema carestía, donde puede llegar a faltarles el agua de boca. Se buscan barcos cisternas y se apañan conexiones. Cuando queda poco más de un año para las próximas elecciones autonómicas, la sequía se ha convertido en el principal problema político de presidente de la Generalitat y próximo candidato de ERC, Pere Aragonés. El líder de la oposición, el socialista Salvador Illa, le ha propuesto un acuerdo que pase por la colaboración sincera con el Gobierno central, porque parte de las soluciones de urgencia pueden venir de esta administración. ¿Ocurre lo mismo en Andalucía? ¿Es la sequía un problema para Juanma Moreno o, por el contrario, lo es para el Ejecutivo de Pedro Sánchez?

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, volvió a levantar el teléfono para hablar con Juanma Moreno el pasado viernes. Ya lo hizo a finales del mes de septiembre, cuando telefoneó a San Telmo para proponer una salida a la frustrada ley de regadíos de Doñana. Entre ambos hay un teléfono rojo. Hay asuntos que requieren de la participación de los dos gobiernos, como el posible contrato de buques cisternas para llevar agua a las zonas más afectadas por la sequía. El presidente de la Junta y la ministra hablaron de los buques, de las dos desalinizadoras pendientes para Málaga y Almería, de una potabilizadora para la zona norte de Córdoba, donde el agua del grifo no se encuentra en condiciones aptas para el consumo, y del embalse del Alqueva, un enorme pantano situado en Portugal que podría derivar líquido hacia Huelva. 

"Al Gobierno catalán le ha estallado la sequía en la cara cuando queda un año o menos para las elecciones"

La crisis de Cataluña indica que es muy complicado encontrar barcos de este tipo y que, además, hay que buscar zonas excedentes de agua que puedan ceder líquido a las deficitarias. Durante la sequía de los años noventa, el agua que recibió en barcos la ciudad de Cádiz vino de Huelva. Ahora todas las provincias litorales sufren la sequía, por lo que será imprescindible la participación del Ministerio de Transición Ecológica.

Además, aún queda por solventar la construcción de dos desalinizadoras en la Costa del Sol y en Almería, se han producido varias reuniones entre la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, que es la competente, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, pero también hay graves malentendidos. A pesar de ir tarde, la Generalitat y el Ministerio ya tienen el acuerdo y los planos para construir y ampliar dos desalinizadoras en la costa catalana, pero como una fuente del Gobierno central indica "esto no solventa el problema inmediato, el de este verano". Una desalinizadora tarde unos cinco años desde que se planifica hasta que comienza a suministrar agua potable. Agricultura y Transición Ecológica han hablado de ello, pero aún no está claro que el terreno propuesto en el municipio de Vélez Málaga sea apto.

La gestión del agua se divide en dos en Andalucía, el Guadalquivir es del Gobierno central, las pequeñas cuencas son de la Junta

Tanto Ribera como Juanma Moreno son partidarios de abrir una vía de colaboración, como la de Doñana y el Mar Menor, muy distinta a la relación que mantiene la madrileña Isabel Díaz Ayuso con el Gobierno. Además, Andalucía tiene una particularidad similar a la catalana. La gestión del agua está dividida. La mayor cuenca de la comunidad, la del Guadalquivir, es de titularidad del Gobierno central, que se administra a través de la Confederación Hidrográfica. El resto, las llamadas cuencas interiores andaluzas, que incluyen las mediterráneas y las otras de Cádiz y Huelva, son competencia exclusiva de la Junta.

La primera de ella, la del Gobierno, cuenta con reservas de agua para abastecimiento urbano para tres años e, incluso, algo más si se consume el líquido del río mediante un proceso de captación y potabilización. Pero en algunas de las otras de gestión autonómica la situación es tan dramática como en Barcelona. Son los casos del Campo de Gibraltar, la Costa del Sol y la Axarquía. Ahí sólo hay agua para un año. Estas son las tres comarcas que más preocupan a la Junta.

Más allá de la eficiencia en la gestión, las cuencas autonómicas son más deficitarias porque están situadas en lugares donde llueve menos, pero sobre todo porque son ríos de trayectos muy cortos que nacen en las serranías béticas y desembocan en pocos kilómetros en el Mediterráneo.

En Cataluña, la cuenca del Ebro es estatal y todas las demás, autonómicas. Una de las críticas que se le ha hecho a Aragonés es que la Generalitat dejó de construir una conexión entre el Ebro y el Campo de Tarragona, lo que hubiese permitido trasvasar agua desde el gran río al área metropolitana de Barcelona. Ahora, la conexión no estaría antes de 2025.

Aguas y obras

Juanma Moreno viene acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de no ejecutar algunas obras que le competen, como el trasvase desde la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras a la zona fresera de Huelva, pero la oposición socialista de Juan Espadas no es menos contundente contra el presidente de la Junta. Una guerra del agua entre partidos y administraciones es muy golosa para los implicados, pero no resulta efectiva para los ciudadanos. De momento, hay una brecha de paz, pero no hay seguridad de que sea duradera.

Moreno viajó esta semana a Bruselas para solicitar inversiones del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para la sequía. Esto corresponde al Gobierno central y, de momento, Teresa Ribera no se niega, pero las cuantías son mínimas. En 2022, este fondo se utilizó para afrontar el mismo problema en Rumanía, la cantidad dotada fue de 34 millones de euros. En 2008, fue Chipre, al que se le concedió 7,6 millones. Ribera y Moreno han acordado solicitar al Ministerio de Hacienda que tramite la petición, pero las cantidades disponibles del Fondo de Recuperación que España ya posee son mucho mayores. Para las desaladoras andaluzas, por ejemplo, ya hay 200 millones de euros. El problema no es de dinero, sino de ejecución.

Según el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces, la falta de agua es el tercer problema que citan los encuestados, lejos aún de la falta de empleo y las deficiencias en la sanidad pública, pero la sequía se ha colado en este listado. A diferencia de Cataluña, en Andalucía no hay elecciones pendientes, no se respira esa tensión.

Pero la falta de agua no sólo afecta a los centros urbanos, las restricciones a la agricultura se han generalizado, ya esta temporada no se sembró arroz en el Guadalquivir y sólo hubo riegos de emergencia para mantener los cultivos de árboles. A la sequía se une el malestar del campo europeo por lo que juzgan excesivas restricciones medioambientales. La chispa saltó en Alemania y prendió en Bélgica y Francia, el país más beneficiado por la Política Agraria Común. En esta guerra hay otros actores, Vox lleva meses alentando las protestas de los agricultores y ganaderos contra Bruselas , y a malestar de los tractores se puede unir el del agua si, tal como se espera, las lluvias siguen sin colmar las altas demandas.