Andalucía

Ley trans: unanimidad andaluza en torno al azul y el rosa

Activistas trans con algunos de los diputados que participaron en el debate de la Ley Trans andaluza de 2014. Activistas trans con algunos de los diputados que participaron en el debate de la Ley Trans andaluza de 2014.

Activistas trans con algunos de los diputados que participaron en el debate de la Ley Trans andaluza de 2014.

“Que nos veamos, señora Oña, señora Pérez, de la mano, defendiendo con el mismo ímpetu esta norma en el Congreso de los Diputados”. La frase es de Alba Doblas, ex parlamentaria de IU, y apelaba a sus compañeras de PP y PSOE, Esperanza Oña y Soledad Pérez, en el debate final de la ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía.

La norma se aprobó por unanimidad el 25 de junio de 2014. Seis años y medio después, el deseo de Doblas, ahora concejal de IU en Córdoba, es un imposible. A pesar de que en La Moncloa hay un Gobierno de coalición que se parece al que había entonces en el Palacio de San Telmo, socialistas e izquierdistas mantienen ahora una pugna encarnizada que tiene ecos dentro del colectivo feminista. El conflicto parte de un debate sobre la idoneidad de una ley trans estatal que, para personas como Mar Cambrollé, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), es muy parecida a aquella norma andaluza.

En el acuerdo del Gobierno andaluz que armaron PSOE e IU en 2012 había un compromiso por actualizar la legislación sobre las personas transexuales y, aunque los izquierdistas habían registrado una proposición de ley, acabaron retirándola para elaborar una iniciativa conjunta. Con las enmiendas del PP y la participación activa del colectivo trans, la norma se acabó aprobando.

“Yo lo viví como un parto, pero la ley era de todas”, relata Doblas, que recuerda cómo trabajó “codo con codo” con Soledad Pérez –“fue una ayuda inestimable”– y también que Esperanza Oña “se batió el cobre en Madrid” cuando sobre la norma planeó la amenaza de un recurso del Gobierno de Mariano Rajoy. “El PPno presento enmiendas restrictivas sino para ampliar la cartera de servicios”, insiste la ex parlamentaria, que también dedica buenas palabras al trabajo del entonces viceconsejero de Salud, Aquilino Alonso, con quien negociaron los apartados sanitarios de la norma.

El papel del colectivo trans en Andalucía

“Fue una ley pionera en España y Europa; por primera vez se legislaba para las personas trans bajo los principios de despatalogización y la libre determinación del género”, rememora Mar Cambrollé, quien recuerda la cascada de leyes trans que inauguró la norma andaluza. Incluso las leyes que ya existían al respecto en País Vasco y Navarra se adaptaron siguiendo el ejemplo de la ley de 2014. Y estos mismos principios son los que inspiran la norma estatal en la que trabaja el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y que ha provocado un cisma dentro del Gobierno de coalición y entre los colectivos feministas más afines al PSOE y los cercanos a Unidas Podemos.

Para Alba Doblas, la batalla puramente normativa no tiene sentido si se tiene en cuenta que la ley andaluza es “muy, muy parecida” al borrador de la norma estatal que se ha filtrado esta semana. La ex parlamentaria de IU defiende que la cartera de servicios sanitarios es “muy parecida” y que en materia de menores “recoge la estela” de la norma andaluza.

Doblas recuerda también que el derecho a la autodeterminación de género ya figuraba en el artículo segundo de la ley autonómica y que, pese al consenso alcanzado, hubo ciertos “problemas” para incluir en la norma que “la simple declaración de la persona tuviera efectos jurídicos”. “Eso ya ocurre en Andalucía”, abunda la ex diputada antes de poner ejemplos como la tarjeta sanitaria, la matrícula escolar o la titulación académica bajo competencia autonómica. En todos estos documentos, una persona transexual puede cambiar su nombre para compatibilizarlo con su identidad de género sin necesidad de aportar un diagnóstico o acreditar dos años de tratamiento hormonal, como recoge la ley estatal vigente, que data de 2007 .

“No podíamos llegar al registro”, insiste Doblas para ilustrar que la Junta no tiene competencias en Administración civil. Y ahí radica parte del conflicto, según considera la ex dirigente socialista Amparo Rubiales. “Entiendo a quien dice que [la identidad de género] no es un tema biológico, sino de sentimientos, pero eso hay que regularlo”, defiende esta política, referente en materia de feminismo. Para Rubiales, se trata de un “debate de límites jurídicos” que puede solucionarse por la vía alemana, que reconoce un tercer sexo neutro u obviando la referencia al sexo en el registro civil.

Un conflicto jurídico alojado en el registro civil

“Se han eliminando elementos, como el estado civil o la profesión, ¿por qué no se va a quitar el sexo”, añade esta ex consejera de la Junta. “Hay que estudiar cómo se reconocen los derechos de las personas trans de tal manera que se garantice la seguridad jurídica”, continúa Rubiales que observa “con pena” una ruptura dentro del feminismo que achaca a la “polarización”. Esta jurista sí rechaza de plano las “falacias” de aquellas personas que defienden que la autodeterminación de género va “contra” la legislación en violencia de género o que supondrá el “borrado de las mujeres”. “No nos pueden borrar”, zanja enérgicamente al tiempo que reconoce a necesidad de despatalogizar la transexualidad para acabar con la “tortura” que suponen dos años de tratamiento obligatorio.

La ex dirigente socialista también detecta un conflicto político que achaca a las “prisas” del Ministerio de Igualdad por sacar adelante estas normas cuando se acerca el 8-M, ya que la legislación del departamento de Irene Montero ha sufrido un parón por la falta de los informes preceptivos que deben acompañar a todas las leyes. “En derecho las formas condicionan el fondo”, recuerda Rubiales. Aunque en un sentido distinto, Alba Doblas detecta también un conflicto político entre los socios del Gobierno.

“Es un debate de poder, de quién se lleva el mérito y en el PSOEno están dispuestas a compartir ese movimiento”, apunta la ex parlamentaria de IU, que recuerda que en el debate de la ley andaluza “no hubo ningún pero del movmiento feminista ni del PSOE”. El diario de sesiones del Parlamento de aquel 25 de junio de 2015 es un ejemplo perfecto. “Las personas transexuales saben cómo son, saben lo que son, saben cómo quieren vivir, y tienen derecho a vivir de acuerdo a cómo se sienten, a cómo son y a cómo saben que quieren ser”. La cita, del mencionado registro parlamentario, es de Esperanza Oña.

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