Francisco J. Ferraro

Director del Anuario Joly Andalucía

El año se inició con la crisis de la deuda griega, que contagió a otras economías periféricas de Europa desde comienzos de la primavera. Los frágiles fundamentos de la economía española fueron el caldo de cultivo para que los mercados financieros pusiesen en cuestión la solvencia de España y elevasen la prima de riesgo de nuestra deuda. En la noche del 9 de mayo el Ecofin adoptó decisiones contundentes en defensa del euro, creando el Mecanismo de Estabilización Financiera, que significaría un avance de la política económica comunitaria mayor que el logrado en décadas de consejos, debates y tratados. El Gobierno español se vino de Bruselas con los deberes bien claros, y el presidente Rodríguez Zapatero sorprendió a los españoles el día 12 de mayo. Con gesto grave reconoció las dificultades de la crisis y anunció unas duras medidas que suponían un giro en su política económica: reducción del sueldo de los funcionarios, congelación de pensiones, reducción del gasto farmacéutico, eliminación del cheque bebé y fuerte recorte de la inversión pública. A la ligera reactivación económica del segundo trimestre, como consecuencia de los efectos finales de los planes de estímulo y las compras anticipadas a la elevación del IVA, se le sumó la noticia de la buena salud de la mayoría de nuestras entidades financieras según las pruebas de estrés al sistema bancario europeo. Tanto fue así que nuestro presidente pareció observar nuevos brotes verdes, relajando su reciente conversión reformadora y presentando una reforma del mercado de trabajo que a nadie satisfizo. El perceptible estancamiento del tercer trimestre no fue suficiente para recuperar la tensión reformadora, sino que tuvo que producirse una nueva crisis de la deuda (en esta ocasión de Irlanda) para que saltasen de nuevo las alarmas sobre el riesgo de rescate de la economía española, y en sólo una semanas se abordasen la reforma del sistema de pensiones y drásticas medidas para asegurar la solvencia del sistema financiero español. Los hechos económicos también han presidido la atención informativa en el mundo a lo largo del año. Aunque los organismos internacionales constatan la recuperación de la economía mundial con un aumento del 5 por ciento del PIB, también se destaca su carácter espacialmente desequilibrado y la persistencia de problemas. En cuanto a éstos, los desequilibrios financieros no se han llegado a corregir, y la reforma del sistema financiero internacional no ha avanzado por la resistencia de los gobiernos a ceder autonomía y por las de la banca a mayores exigencias de solvencia y supervisión. A estas tensiones se han sumado la de los mercados de materias primas que, después de una breve tregua, persisten en una tendencia al alza sin retorno por el acceso de millones de personas de los países emergentes a estándares de consumo más elevados, lo que también afecta a la sostenibilidad ambiental. Como indicaba, la recuperación económica se está produciendo a distintas velocidades: mientras que los países emergentes crecieron a una tasa media del 7,1 por ciento en 2010, los desarrollados se recuperan más lentamente (3%). Un patrón de crecimiento que se reitera en los últimos años para convertirse en el rasgo estructural más relevante de la primera década del siglo XXI. En 2010 el PIB de China superó al de Japón, situándose como segunda potencia económica mundial, dinámica que ha ido pareja a su creciente influencia mundial, no sólo por el peso de sus exportaciones y su presencia en África y América Latina, sino también por ser la principal tenedora de bonos y divisas del mundo, por su desarrollo tecnológico y por su creciente influencia en la política internacional. La otra cara de la moneda es la pérdida de protagonismo de Estados Unidos y Europa en el escenario internacional. En el ámbito internacional también ha sido una noticia destacable la difusión por Wikileaks de 251.287 cables confidenciales procedentes de distintas embajadas de Estados Unidos que, aunque sólo han revelado lo que se intuía, han generado la incomodidad de muchos gobiernos del mundo. La sección Internacional del Anuario se completa con el análisis de otros hechos de relevancia a lo largo del año, tales como el recrudecimiento de la guerra en Afganistán, las nuevas tensiones entre las dos Coreas, el relevo de Lula, el rescate de los mineros chilenos, la crisis del Sáhara o el cambio de orientación política en el Reino Unido. En España la economía ha presidido las preocupaciones de los ciudadanos y el debate político. En cuanto a éste, el Partido Popular ha explotado con éxito el deterioro de la situación económica y la errática política del gobierno, lo que le ha propiciado una clara ventaja en las intenciones de voto, y ello a pesar de la baja valoración de su líder y de que su programa económico siga siendo un arcano. Ni la remodelación del gobierno, ni la tregua de ETA y los éxitos en política antiterrorista, ni el caso Gürtel y otros episodios de corrupción asociados al Partido Popular han hecho mella en la intención de los votantes, que quieren pasar página de un presidente amortizado. En este contexto, se acentúa el distanciamiento de la ciudadanía con la clase política y los partidos (el 20,6 por ciento de los españoles lo identifica entre los principales problemas de España según la encuesta del CIS), y cobran protagonismo diversas instituciones de la sociedad civil. El año también ha sido rico en otros hechos relevantes en el ámbito nacional de los que se ocupa el Anuario, como la primera huelga general a un gobierno de Rodríguez Zapatero o el inicio del debate sobre el papel de las comunidades autónomas. Si hasta 2010 casi nadie ponía en cuestión el éxito del Estado autonómico, la crisis económica ha venido a sacar a la luz sus limitaciones e ineficiencias, iniciándose un debate con propuestas que van desde la recentralización del Estado hasta la intensificación de la coordinación de las CCAA, pasando por las opciones nacionalistas que apuntan al desarrollo asimétrico de las autonomías. Otras noticias que han concitado una atención relevante a lo largo del año fueron los distintos procesos al juez Garzón, la ley antitabaco, o la actuación contundente del Ministerio de Fomento ante la huelga de controladores aéreos. Frente a tanto desasosiego, los éxitos deportivos fueron, un año más, un bálsamo y motivo de orgullo para muchos españoles. El triunfo de la selección española de fútbol en el Mundial de Sudáfrica fue la cumbre, pero a ellos se sumó la plasticidad que el Barcelona F.C. paseó por los estadios de España y Europa, la extraordinaria temporada de Nadal, que recuperó el número uno del tenis mundial, el triplete en el campeonato del mundo de motociclismo, o los éxitos de Contador y de los atletas españoles, aunque terminasen el año manchados por las sospechas de dopaje. En Andalucía el año también ha estado marcado de principio a fin por el devenir de la crisis económica, que ha azotado a la región con tanta o más intensidad que en el resto de España. El menor nivel de renta, el mayor endeudamiento y la mayor intensidad del paro determinaron que el consumo y la inversión se resintieran algo más que la media española, mientras que, por el lado de la oferta, el mayor peso de la construcción y la menor competitividad de su tejido productivo han determinado una contracción del PIB mayor que en España, provocando que a final de año el número de parados se elevase a 1.127.400 personas (el 28,35 por ciento de la población activa). Aunque la Junta de Andalucía ha activado algunos programas de estímulo empresarial y ayudas al empleo, las restricciones financieras y el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de limitar los déficit de las comunidades autónomas (CCAA) le ha impedido adoptar una política anticíclica contundente. Es más, la exigencia de consolidación fiscal, que el Gobierno andaluz ha aplicado con más disciplina que otras CCAA, está significando una contracción del consumo y la inversión pública con mayor repercusión en la economía regional que en otras comunidades donde el peso del sector público en el PIB y el empleo es menos significativa. En este contexto, los decretos leyes 4 y 5 de 2010 son las iniciativas más destacadas del Gobierno andaluz en el marco de la crisis. El primero de ellos contempla medidas fiscales para la reducción del déficit público. Entre ellas destaca la subida del IRPF para rentas superiores a 80.000 euros, aunque no entrará en vigor hasta 2011 y sólo supondrá una recaudación adicional del 31 millones de euros, mientras que la reprogramación de las inversiones públicas se elevó a 846 millones de euros, equivalente al 56,1 por ciento del recorte presupuestario para 2010. Otras medidas fueron el nuevo impuesto sobre las bolsas de plástico, el aumento de los impuestos sobre vehículos contaminantes y sobre residuos radiactivos, el “céntimo sanitario” sobre determinados hidrocarburos y el nuevo impuesto sobre depósitos en entidades de crédito. Por su parte, el Decreto Ley 5/2010 de reordenación del sector público autonómico tiene por objetivo aumentar la eficiencia y gobernanza de las empresas públicas y otras entidades instrumentales mediante su integración y mejora de la gestión, aunque manteniendo los puesto de trabajo de los empleados públicos. El Decreto es una oportunidad perdida para una reforma en profundidad del sector público andaluz caracterizado por un notable sobrepeso, pero su crítica no ha venido desde la óptica de la racionalidad económica, sino por los funcionarios que han rechazado la norma con una movilización en la última parte del año, que ha llevado al gobierno andaluz a buscar el apoyo de UGT y CCOO (sindicatos minoritarios en la función pública) y a su tramitación en forma de ley. Otra iniciativa polémica fue el acuerdo del cobro de la deuda histórica con inmuebles, a lo que se sumó la frustración por el fracaso del proyecto de integración de las cajas de ahorro andaluzas, la “caja única”, que había sido un objetivo publicitado y compartido por la sociedad andaluza en los últimos veinte años. Otras noticias de alcance que han caracterizado negativamente el año han sido, por una parte, el nuevo informe PISA, que ha vuelto a poner de manifiesto la retrasada posición de los estudiantes andaluces en competencia lectora, matemática y científica y, por otra parte, el rosario de noticias vinculadas con la corrupción, como la apertura del caso Malaya, la libertad de los implicados en la Operación Poniente o el proceso de Mercasevilla, del que se deriva otro caso de mayor recorrido como el de los EREs de la Consejería de Empleo. Como contrapartida a ese oscuro panorama deben anotarse algunos hechos positivos, como el comportamiento de numerosas empresas andaluzas que están haciendo frente a la crisis con valentía y solvencia, abriéndose a los mercados exteriores, lo que propició un aumento notable de las exportaciones; el comportamiento ponderado de los trabajadores, que permitieron reducir los costes laborales unitarios después de la tendencia al crecimiento en los años anteriores; los destacados avances científicos, particularmente en las áreas biomédicas; el impulso a las artes, con el reconocimiento del flamenco como Patrimonio de la Humanidad y la significativa actividad en los terrenos de las artes plásticas y la música; y los éxitos de los deportistas andaluces en vela, natación, motocross, atletismo, tenis, fútbol, bádminton o voleibol. Finalizamos 2010 pendiente de los mercados, pues, a pesar de los compromisos reformadores y de contención del déficit, la debilidad del crecimiento económico limita la capacidad española para hacer frente a la abultada deuda externa. No obstante, la recuperación de la economía mundial, el buen comportamiento de las exportaciones y los avances recientes en reformas básicas permiten un moderado optimismo de que la economía española esté iniciando un proceso de recuperación que se empezará a percibir a lo largo del año. Que así sea.