Fernando González Urbaneja

Presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid

Que los ciudadanos tienen derecho a saber es algo esencial en cualquier democracia que quiera reconocerse como tal. Son notorios los derechos de los ciudadanos a las libertades de expresión, de información, a la intimidad, a la protección del más débil… como derechos adicionales a los fundamentales a la vida y la integridad, que no son divisibles ni fraccionables.

Los primeros pueden entrar en conflicto con otros derechos de similar cuantía. Las libertades de expresión e información chocan con los derechos a la intimidad y el honor, a no ser calumniado o injuriado, y el perímetro de todo ello es incierto, en muchas ocasiones depende de diversos factores. Pero también existe el derecho a saber, que la propia Constitución pasa por alto al incluirlo en sus referencias a la dignidad, el respeto, las garantías personales, y la protección frente a atropellos o abusos. El derecho a saber es un derecho que tiene mucho de nuevo, indicativo de las democracias maduras y más avanzadas. El derecho a saber es decisivo, un indicador de la salud democrática de una sociedad. Los ciudadanos tienen derecho a saber por qué y cómo se toman decisiones que le afectan o que puedan interesarle, por qué los gobiernos saben lo que saben y cómo lo consiguen. Tienen derecho a saber lo que el gobierno sabe sobre ellos y sus preferencias. El voto es secreto, las declaraciones de impuestos no deben ser difundidas y voceadas, pero el gasto público tiene que ser conocido, accesible, debe poder quedar sometido a debate y critica; por eso hace falta saber, poder saber. Entre quienes gobiernan se extiende la pasión, la tentación, por el secreto, como si secreto quisiera decir trascendencia, importancia; también comodidad, margen de maniobra para hacer sin explicar. Un veterano periodistas, director de uno de los grandes medios, decía que detrás de los “secretos” y de los “asuntos de estado” abundaban las mentiras, las trampas y los errores.

El caso Wikileaks abre una etapa interesante. Revelar, poner a disposición del público (de quienes pagan y justifican el Estado y el gobierno) un cuarto de millón de documentos reservados, clasificados durante décadas, pone de manifiesto, al menos, dos argumentos: primero que son demasiados documentos secretos, que no es para tanto lo que se guarda o reserva. Y segundo, que una mayor transparencia no daña, todo lo contrario, estimularía la prudencia, el fundamento, la profundidad y pertinencia de los informes y sus consideraciones y conclusiones. Un juez del Tribunal Supremo norteamericano escribió que la luz del sol, la transparencia, es el mejor desinfectante, un buen antídoto contra la corrupción. Leyes que exigen transparencia, leyes sobre el derecho a saber de los ciudadanos, han existido desde hace décadas, empezaron en Suecia que estableció normas al efecto en 1766, aunque es desde 1966 cuando empiezan a desarrollarse normas de este tipo, empezando por la norteamericana firmada por el presidente Johnson. Aquella ley fue un avance, pero pronto quedó en cuestión con el Informe del Pentágono sobre la Guerra de Vietnam (1946/67), ocultado al Congreso y a la opinión pública, porque certificaba la derrota, o al menos la imposibilidad de una victoria. El secretario de defensa, Mc Namara presentó al presidente su pesimista informe y a renglón seguido informó a la opinión pública que la guerra se estaba ganando (rotunda mentira). Un funcionario de Defensa, el doctor Ellsberg filtró el Informe al New York Times, que lo publicó, pese a los intentos del gobierno por impedirlo.

El Tribunal Supremo estableció el principio de que los ciudadanos tienen “derecho a saber” y el gobierno no tiene derecho a ocultar ni a mentir. Pero los gobiernos han seguido mintiendo, especialmente respecto a asuntos turbios y conflictivos, por ejemplo la reciente guerra en Iraq. En España vamos muy atrasados en esta materia; los gobiernos presentan un notable déficit a la hora de informar de sus actos, de asumir la transparencia como criterio habitual, y de hacerlo con limpieza y suficiencia. Apenas existen leyes que exijan transparencia, pero tampoco hábitos en los gobernantes para practicarla. El presidente Zapatero se comprometió hace un año, ante una conferencia de editores que le había trasladado, sin esperanza, la propuesta, a remitir al Parlamento una ley de información que facilite el acceso de los ciudadanos a la información pública. Hay algún borrador circulando por Moncloa, pero no está en el calendario que el proyecto llegue ponto a la cámara, que el debate se produzca esta legislatura. Existe una coalición de organizaciones diversas, entre ellas, las Asociaciones de la Prensa, denominada “Pro Acceso” que promueve esa norma que ha enviado propuestas al gobierno y celebrado debates públicos sobre la materia, pero con resultados modestos hasta ahora, insuficientes, los mismos medios han sido tacaños en el apoyo a la iniciativa, que contribuiría a mejorar la calidad de la democracia y a prevenir abusos. Desde la Unión Europea han salido iniciativas que animan a los gobiernos de la Unión a establecer leyes que favorezcan la transparencia de las administraciones públicas, con éxito relativo hasta ahora. Con el argumento de la seguridad y de la lucha contra el terrorismo en varios países, Gran Bretaña y los Estados Unidos entre ellos, han dado pasos atrás en materia de transparencia.

En España el debate está atrasado. Por ejemplo, ha tenido que ser la presión de los acreedores la que ha forzado a publicar con detalle muy mejorable las cuentas de los gobiernos autonómicos con carácter trimestral. En resumen, entre los déficit de la reciente democracia española está la insuficiente información pública sobre las actividades de los gobiernos; la ley de acceso a la información prometida por el presidente sería un paso interesante para llenar ese vacío.