El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha solicitado a la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía que "a la mayor urgencia" designe una empresa auditora para que analice la situación económica del Real Betis Balompié y su relación con Tegasa y Encadesa en los últimos 15 años.

En la resolución judicial, adelantada por El Correo de Andalucía, la titular de Instrucción 6, Mercedes Ayala, indica que el informe pericial tiene como fin "determinar los efectos en la situación económica, financiera y patrimonial" de la entidad albiverde y de las empresas --Tegasa y Encadesa-- vinculadas al máximo accionista del Betis, Manuel Ruiz de Lopera.

La magistrada entiende que con este estudio se deben determinar "las cantidades que se hubieran distraído de las arcas del Betis" como consecuencia de los contratos suscritos entre las citadas empresas y el club.

Así las cosas, la juez dice que la "complejidad del informe pericial ordenado exige un equipo de profesionales de la auditoría sumamente formado y especializado" por la "ingente" documentación contable que se tiene que analizar.

Por ello, "estas exigencias de solvencia profesional y de disponibilidad de medios y personal sólo las pueden cumplir las más importantes firmas auditoras del país", reza el escrito del juzgado, que prosigue que dicha investigación debe realizarse con "eficacia" para que "no se eternice en años de espera".

La juez ha adjuntado a la Consejería una lista con las cuatro firmas más importantes ordenadas por volumen de negocio y ha solicitado a la Administración que le comunique la designación a la "mayor brevedad" porque de ello depende que se pueda llevar a cabo la presente investigación judicial.

Esta causa comenzó con la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Sevilla contra Manuel Ruiz de Lopera por un presunto delito societario al entender que el dirigente verdiblanco gestiona "sin transparencia" los fondos del club heliopolitano.

El Ministerio Público informó de que existen indicios de delito derivados de la denuncia presentada por la asociación 'Béticos por el Villamarín' ('BPV') ante la Fiscalía General del Estado, en la que se fundamentaba que Ruiz de Lopera "utilizó el Betis en beneficio de sus empresas".

Así, la Fiscalía concluyó que el administrador del Real Betis Balompié, "con abuso de las funciones de su cargo y en beneficio propio o de un tercero", contrajo "obligaciones en perjuicio de la entidad a la que representa o de sus socios".