La joven que denunció el pasado mes de mayo al jugador del Real Betis Rubén Castro ha ampliado la denuncia inicial interpuesta contra el futbolista, con el que mantuvo una relación sentimental y al que el juez de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla imputa ahora sendos presuntos delitos de agresión sexual y maltrato habitual, según han informado fuentes del caso. En este sentido, las mismas fuentes consultadas han indicado que fue a principios del pasado mes de agosto cuando la joven amplió la denuncia inicial contra el delantero, tras lo que el juez citó la pasada semana a la denunciante a fin de que ratificara, en su caso, dicha ampliación, lo que efectivamente hizo. 

Tras ello, el juez ha imputado al jugador, además de un delito de agresión sexual, un delito de maltrato habitual -inicialmente le imputó un delito de agresión sexual y otro genérico de maltrato-. Al hilo de ello, las fuentes consultadas han explicado que el Juzgado está llevando a cabo las diligencias oportunas a fin de comprobar los hechos contenidos en esa ampliación de denuncia, cuyo contenido se desconoce hasta el momento.  

Fue el pasado mes de mayo cuando esta joven denunció ante la Jefatura de la Policía en Blas Infante que, sobre las 3:00 del día 27 de mayo, una vez finalizado el partido entre el Betis y el Zaragoza, ambos se encontraban en una conocida discoteca ubicada en la avenida de la Palmera y comenzaron una discusión en el marco de la cual el futbolista le habría propinado "varios puñetazos y bofetones". Según su denuncia, en la que aportaba un parte de lesiones, ambos salieron del local y el jugador del Betis la obligó a meterse en su coche, llevándola hasta un hotel de Nervión donde supuestamente se habría producido la agresión sexual, lo que motivó que Rubén Castro fuera detenido por la Policía al finalizar un entrenamiento en la ciudad deportiva, siendo trasladado al Juzgado de Violencia de Género. En su declaración judicial, el futbolista negó las acusaciones, tras lo que el juez lo dejó en libertad con cargos y le impuso una orden de alejamiento de 300 metros respecto a la denunciante y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio.