Un grupo de accionistas de la extinta Abengoa SA, disuelta por orden judicial el pasado mes de julio y cuyos activos están en liquidación, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Sevilla por considerar que la venta masiva de títulos de la cotizada por parte de la banca en marzo y abril de 2017 se hizo por parte de las entidades financieras a sabiendas de que había un plan para liquidar la empresa, según consta en el texto presentado ante el Ministerio Público.

La denuncia afirma que “los bancos eran conocedores de los planes de desfalco/expolio que se habían trazado para Abengoa desde la primera reestructuración”, la ejecutada en marzo de 2017. Y añade: “Una vez aprobada la homologación del preconcurso de acreedores de Abengoa a finales de marzo de 2017, de manera inusual, tales bancos tardaron 13 días en vender sus posiciones en la compañía, cuando públicamente se estaba hablando de una reestructuración que ayudaría a Abengoa a salir adelante”.

Los acreedores financieros capitalizaron deuda por valor de 5.909,8 millones de euros a cambio del 95% de las acciones.

“Silenciosa y orquestadamente la banca las ha podido colocar, en pequeñas proporciones, en las carteras de inversión de clientes particulares a través de los servicios de banca privada de las entidades, lo cual podría causar delito de estafa masiva”, afirman.

Piden que se investigue quién compró el 70% del capital que nunca compareció en las juntas generales desde la adquisición

Según explica la denuncia, “las acciones forman parte de ese capítulo en las carteras de inversión denominado ‘Sin especificar’, aunque den o signifiquen pérdidas, se compensan con el comportamiento de otras inversiones, por lo que el partícipe/accionista ignora tener las mismas”.

Por ello, estos accionistas quieren que la Fiscalía investigue esos hechos para que determine si existen indicios de delito y también piden que se esclarezca quién compró el 70% de los títulos enajenados que nunca han comparecido en las juntas generales de accionistas celebradas desde su adquisición.

También consideran que la oferta de PIVs hecha por la sociedad en noviembre de 2020 sólo cubría el 30% del capital, lo que demostraría que sabían que el 70% no secundaría esa oferta hecha por el consejo presidido por Gonzalo Urquijo días antes de su destitución.

Los denunciantes se basan para sostener su denuncia en distintas comunicaciones de la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el regulador bursátil español y en informaciones de prensa económica.

Este diario publicó en abril de 2021 que la venta de las acciones de la banca y de los fondos acreedores se produjo días antes de que la dirección de Abengoa pusiese en duda la primera reestructuración financiera del grupo en el informe de cuentas anuales de 2016 de su filial británica Abengoa Concessions Investments Limited.

El entonces director general del grupo, Joaquín Fernández de Piérola Marín, afirmó en ese informe que “los consejeros [de Abengoa Concessions Investments Limited] piensan que pese a que el acuerdo de reestructuración de Abengoa se firmó en marzo de 2017, continúan vigentes incertidumbres respecto a la capacidad de Abengoa para ejecutar su plan de viabilidad revisado, lo que crea incertidumbre sobre la Compañía [ACIL] y una preocupación continua si no es capaz de recibir fondos de su matriz [Abengoa]”.