La primera reestructuración de Abengoa, ejecutada en marzo de 2017 y que había permitido levantar en un año el preconcurso de acreedores presentado en noviembre de 2015, fue puesta en duda por el director general del grupo, Joaquín Fernández de Piérola Marín, en apenas un mes.

Abengoa dio por finalizado el rescate de 2017 el 31 de marzo de ese año, con el que los acreedores financieros capitalizaron  deuda por valor de 5.909,8 millones de euros a cambio del 95% de las acciones. Sin embargo, Fernández de Piérola, en el informe de cuentas anuales que firma el 27 de abril como consejero de Abengoa Concessions Investments Limited (ACIL), la filial de la entonces dependía Atlantica Yield, afirma: “Los consejeros [de Abengoa Concessions Investments Limited] piensan que pese al acuerdo de reestructuración de Abengoa se firmó en marzo de 2017, continúan vigentes incertidumbres respecto a la capacidad de Abengoa para ejecutar su plan de viabilidad revisado, lo que crea incertidumbre sobre la Compañía [ACIL] y una preocupación continua si no es capaz de recibir fondos de su matriz [Abengoa]”.

Es decir, la misma persona que es el máximo responsable del negocio del grupo por debajo del consejo de administración pone en duda que la reestructuración aprobada permita la viabilidad de Abengoa y expresa sus temores respecto a las consecuencias que tiene para ACIL, dado que en ese documento opina como “director”, denominación que reciben los consejeros en las empresas británicas (ACIL se constituyó en Reino Unido).

Ciertamente, en poco más de un año, la compañía ya planteó la necesidad de acometer un segundo rescate, a finales de 2018.

Pero mientras se ponían esas dudas por escrito, el consejo de administración elegido en noviembre de 2016 y que desde entonces presidía Gonzalo Urquijo, le decía lo contrario tanto a los mercados, al hacer las comunicaciones como es obligado para un empresa cotizada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), como a los accionistas.

El 30 de junio de 2017, en la junta general ordinaria de accionistas, Gonzalo Urquijo afirmó ante los accionistas que quería lanzar un mensaje de optimismo hacia un futuro “que Abengoa afronta con el entusiasmo de demostrar toda su experiencia y todo su conocimiento del mercado de la ingeniería y construcción en los sectores de energía y agua”, según informó la compañía en la nota de prensa de esa junta ordinaria y que también comunicó a la CNMV, en la que añadía que se trataba de un “reto complejo pero no por ello menos ilusionante” y que Abengoa afrontaría con “determinación, compromiso y un claro convencimiento de alcanzar las metas propuestas”. Las manifestaciones en ese mismo sentido de Urquijo en juntas y presentaciones a inversores son constantes en los cuatro años que presidió Abengoa.

Esta contradicción entre lo que los documentos internos del grupo Abengoa a los que ha tenido acceso este periódico y las manifestaciones públicas al mercado y a los accionistas por parte de Urquijo abunda en las acusaciones que hace la querella que un juzgado de Sevilla, el número 8, tramita contra ese consejo de administración.

Esa acción penal fue instada por Inversión Corporativa, la sociedad creada por las familias fundadoras de Abengoa para gobernar el grupo, y a ella se han adherido unos 90 accionistas minoritarios más.

Dicha querella acusa a los consejeros  Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz, Manuel Castro Aladro, José Luis del Valle Doblado, José Wahnon Levy, Ramón Sotomayor Jáuregui, Pilar Cavero Mestre y Josep Piqué Camps de haber cometido un delito relativo al mercado por alteración y ocultación de información económica-financiera por parte de los administradores de una sociedad mercantil cotizada, un delito societario de negativa de información a socios y de un delito societario de imposición de acuerdos lesivos para la sociedad y los socios minoritarios.