El expresidente del Banco Popular Ángel Ron señala al bufete Uría y Menéndez y a su sucesor en el cargo, Emilio Saracho, como responsables directos de la resolución de la entidad, que entiende que debe anularse ya que el banco cumplía las ratios de capital y liquidez.

En un escrito dirigido al titular del juzgado central de instrucción nº 4, José Luis Calama, al que ha tenido acceso Efe, Ron destaca la paradoja de que Uría y Menéndez asesorara al consejo del banco durante el proceso de inviabilidad y defienda ahora los intereses del Santander, que se hizo con el Popular al precio de un euro.

Fue su sucesor al frente del banco, Emilio Saracho, quien acudió a Uría para que, durante los días previos a la resolución del banco, en junio de 2017, asesorara a los consejeros, a los que, según Ángel Ron, facilitó información insuficiente sobre las consecuencias de la declaración de inviabilidad.

Prueba de ello son los escritos depositados ante notario por algunos consejeros, entre ellos Jaime Pérez Sacristán, manifestando que acordaron la inviabilidad de la entidad sin que previamente fueran advertidos de las consecuencias de sus actos, documentos que Ron pide que se añadan a la causa.

Ron aporta además una nota elaborada por el propio bufete el 2 de junio de 2017 en la que no se especifica que la declaración de inviabilidad determinaría la resolución inmediata del banco, sino que por el contrario indica que "la comunicación de inviabilidad no conlleva que el banco deba ser puesto en resolución necesariamente y de inmediato".

Todo el proceso, y la posterior resolución de la entidad, fue un error, sostiene Ron, por lo que solicita al juez que investiga a los dos últimos equipos directivos que la declare nula de pleno derecho, además de pedir que se identifique a los abogados de Uría que trabajaron en el banco y se les cite como testigos.

Asimismo, pide que se aporten todas las comunicaciones internas entre Uría y Menéndez y gestores o directivos de Banco Popular durante el periodo de asesoramiento, la propuesta concreta de actuación, los documentos de trabajo y las comunicaciones intercambiadas en ese periodo.

El Popular era solvente y sus cuentas, fidedignass

El expresidente rechaza que la causa de la resolución derivara de un problema de solvencia o que las cuentas de 2016 no reflejaran la imagen fiel de la entidad, tesis que avala el informe de los peritos del Banco de España; por el contrario, se debió a acontecimientos posteriores externos que provocaron una fuga masiva de depósitos.

El colapso del Popular se debió a problemas de liquidez desarrollado durante el segundo trimestre de 2017, bajo la presidencia de Emilio Saracho, prosigue el escrito.

Ron defiende que en todo el tiempo en el que ocupó el cargo de presidente la entidad cumplió en todo momento las ratios de capital y liquidez, así como con las exigencias de los reguladores.

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular, liderados por Ron y Saracho, por presuntos delitos societarios.

El magistrado abrió entonces dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.

Este lunes, el juez ha abierto una nueva pieza separada sobre la financiación a clientes del banco en la ampliación de capital de 2016.