La CEOE pide abaratar el despido a los indefinidos de larga duración

La patronal española, la CEOE, se alinea con el Fondo Monetario Internacional (FMI): España necesita profundizar en la reforma laboral de 2012, en el sentido de reducir la dualidad del mercado de trabajo. O lo que es lo mismo: la brecha entre las condiciones de trabajo de los temporales y las de los indefinidos. Este martes, en el curso de verano que organiza en Santander la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), el vicepresidente de la CEOE y presidente de Cepyme (la patronal de las pymes), Antonio Garamendi, reclamó “mayor flexibilidad en la entrada y salida” de trabajadores de las empresas. Cuando un periodista le preguntó si eso significaba despido libre, dijo “sí”, pero especificó que “en el fondo” éste ya existe y que lo que él reclama es un modelo “muy flexible” que incluya, por ejemplo, generalizar las variables en los salarios y más transparencia en las empresas. Otro periodista insistió, y volvió a precisar que con despido libre no se refería a un despido gratuito, sino a, repitió, “flexibilidad en la entrada y salida de trabajadores”. Ante una tercera pregunta, en este caso sobre si era partidario de abaratar el despido de los indefinidos, especificó que es algo “que está ahí” y que “los que llevan con trabajo muchos años” deberían ver rebajadas estas condiciones y mejoradas las de “las nuevas generaciones con condiciones peores”.

Garamendi, por otro lado, mostró una actitud crítica frente a la euforia gubernamental sobre la recuperación y resaltó las dificultades por las que aún pasan las empresas, especialmente las pymes. Recordó que todavía dos tercios de las pequeñas y medianas empresas están en pérdidas y atacó el nuevo sistema de formación continua, “perjudicada seriamente con la última reforma constitucional”. “Cualquier intento de encorsetarla es perjudicial, especialmente desde lo público; los empresarios son los que mejor conocen las necesidades de formación”, afirmó Garamendi, en referencia al hecho de que el Gobierno ha quitado a los agentes sociales la capacidad de decidir sobre los cursos. También se quejó de que las cotizaciones sociales que tienen que aportar las empresas sean “un 30% superiores” en España respecto a los países del entorno y criticó que la última reforma fiscal no haya beneficiado a las pymes, “que pagan por sociedades lo mismo que las grandes pero sin posibilidad de reducir el tipo efectivo”. Para el dirigente empresarial, el impuesto de sucesiones es “un gravamen confiscatorio que quita capacidad de inversión” y todavía son un lastre la morosidad y la sobrerregulación administrativa.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, que intervino a continuación, respondió de manera tibia a la petición de mayor flexibilidad laboral de Garamendi. Se limitó a resaltar los efectos positivos de la reforma laboral en la creación de empleo y añadió que el Gobierno se ceñirá a su hoja de ruta, que no incluye ningún cambio en este tipo de normativa. El ministro pintó un panorama halagüeño para la economía española y elevó aún más su apuesta. Si hace unos días dijo que España estaba creciendo un 3,5% interanual, este martes afirmó que lo hace “entre un 3,5% y un 4%”. También aseguró que se superarán los 600.000 empleos nuevos previstos para este año, “a tenor de la evolución del segundo trimestre”. Y previó que en los próximos cuatro o cinco años el país crecerá a un ritmo de entre el 2,5% y el 3% “con creación de empleo intenso”. Eso si no cambia la política económica. Según el ministro, cualquier variación en el rumbo marcado, conduciría a España otra vez al borde del abismo. “No hay caminos intermedios. Si se aplica otra política volveríamos al año 2010 con una rapidez inusitada porque las inversiones extranjeras se irían y también los depósitos. Y una vez levantamos un match ball, pero no se si lo volveríamos a hacer”.

Por otro lado, el ministro no se salió un milímetro del calendario actual para la venta de Bankia, pese a que el PSOE ha pedido que se aplace la operación. Se mostró convencido de que aumentará su valor conforme la economía española se recupere. “No tenemos que vender ahora, tenemos aún dos años y medio”, especificó.