Toda la ayuda posible a las comunidades autónomas por parte del Gobierno de Mariano Rajoy no será incompatible con una dura vigilancia por parte del Ejecutivo hacia el comportamiento de los gobiernos regionales en su lucha contra el déficit. El Gobierno central está dispuesto, si hace falta, a endurecer su tutela sobre las autonomías y se reserva la posibilidad de llegar a la "intervención" en aquellas que no cumplan con el déficit, entrando a saco en los planes de equilibrio en cada territorio.

Ésa es la contrapartida al auxilio que el mismo Rajoy ofreció a las comunidades autónomas para que no vayan a la quiebra. No será a cualquier precio. Y el Gobierno lo dejó claro ayer en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en Madrid. La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Carmen Martínez Aguayo, salió "muy satisfecha" del cónclave autonómico en el que el Gobierno abordó con las comunidades la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria.

En el Consejo de ayer, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, materializó esa ayuda de la que había hablado con anterioridad el propio Rajoy. El Ejecutivo ha dispuesto toda una batería de medidas que abra la puerta a una inyección de millones para las autonomías. Eso sí, también están dispuestas las sanciones que el Gobierno pondrá en marcha contra los incumplidores de los objetivos del déficit. Montoro explicó que estas sanciones dependerán de la magnitud y la reiteración de los incumplimientos de las gobiernos territoriales, aunque se respetarán las competencias autonómicas. "Puede llegarse a una intervención temporal", reveló el titular de Hacienda, tras asegurar que la idea es trasladar lo que marca la gobernanza europea, incluso a la hora de cuantificar las sanciones.

Montoro aseguró que el Gobierno no dejará que las administraciones tengan problemas de liquidez "muy agudos", para lo que pondrá en marcha diversas medidas, como la implementación de una nueva línea ICO para que las comunidades puedan afrontar pagos pendientes con proveedores. Esta nueva línea, que se extenderá a las corporaciones locales, está aún pendiente de concreción, ya que tal y como ha dicho el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, primero hay que conocer la cuantía pendiente de pago.

 De la misma forma, el Ejecutivo ampliará a diez años el plazo que tienen las comunidades para devolver al Estado la cantidad correpondiente de la liquidación de los anticipos a cuenta de los años 2008 y 2009 (unos 31.000 millones de euros). El Gobierno adelantará a las comunidades la liquidación del ejercicio de 2010, por la que el Estado tiene que devolver a las comunidades unos 6.000 millones más 2.000 millones que forman parte de fondos que no se anticiparon en su momento. De esta forma, las comunidades recibirán ahora estos 8.000 millones y no en julio, como estaba previsto.

Por otro lado, el Gobierno simplificará las autorizaciones de endeudamiento de las comunidades, que antes se hacían en tres plazos y ahora se harán solo dos autorizaciones iguales en importe. De la misma forma, el Ejecutivo central facilitará la refinanciación de la deuda de las comunidades con una sola autorización en dos tramos, mientras que antes se requerían dos (una en el primer semestre y otra en el segundo).

Estas medidas, que no supondrán un incremento del déficit, mejorarán la liquidez de las comunidades y demuestran, según Montoro, que el Gobierno ha alcanzado con las comunidades un "compromiso de Estado" para reducir el déficit. De hecho, dependerán de este compromiso y del grado de cumplimiento de sus planes de saneamiento a través de un control que liderará el Ministerio de Hacienda.

Montoro hizo hincapié en que, frente a lo que hacía el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el Ejecutivo que preside Rajoy ha decidido asumir la reducción del déficit como una tarea "constitucional" que implica la coordinación de política económica entre todas las administraciones. Con todo, el titular de la cartera de Hacienda resaltó la importancia de la reunión por el compromiso que han adquirido todos los presentes de trabajar por la austeridad y seguir avanzando en todos estos contenidos en reuniones técnicas que se celebrarán las próximas semanas.

En el bando autonómico, el grueso de los consejeros autonómicos mostraron su satisfacción por las medidas dispuestas por el Ejecutivo. Los gobiernos autonómicos en manos del PP ya se habían comprometido a cumplir con el objetivo de déficit en la reunión que mantuvieron la semana pasada en la sede central del partido, en la calle Génova, y a éstas se sumaron ayer las gobernadas por otras formaciones políticas, como Cataluña y Andalucía.

El conseller catalán, Andreu Mas-Collel, admitió que se ha abierto "un camino" para la provisión de liquidez a las comunidades autónomas, situación que calificó de "fructífera", y celebró que da un paso decisivo para el pago de las deudas a los proveedores. Con respecto a esta cooperación entre el Gobierno central y el autonómico, el conseller espera que "con el tiempo" se pueda "avanzar" y el carácter puntual de la medida tenga un carácter "ordinario".

Desde las comunidades gobernadas por el PP, el consejero murciano de Economía y Hacienda, Salvador Marín, elogió al Gobierno por haber tomado "en tiempo récord" decisiones "de gran calado".  Según Marín, por un lado el Ejecutivo ha apostado por la estabilidad presupuestaria y por otro ha dado una "certidumbre clara", en lo que respecta a su respaldo a todas las autonomías "que sean transparentes y que cumplan con la estabilidad presupuestaria". "Hoy es un antes y un después. Hoy se ha hecho más España y más Europa", proclamó el consejero murciano, que destacó en cuanto a su comunidad autónoma, su compromiso con la transparencia y ha recordado que lleva más de un año y medio aplicando su plan de reequilibrio, "que fue tan contestado".

La consejera gallega de Hacienda, Elena Muñoz, destacó que Galicia se encuentra entre las comunidades que han cumplido con el objetivo de déficit de 2010, según ratifica el informe de evaluación presentado por el Ministerio ante el CPFF, con un 2,38%, que está por debajo del 2,4% exigido. Según Muñoz, ese porcentaje está "muy por debajo" de la media del conjunto de las comunidades autónomas, que incumple el objetivo. "Sin embargo, Galicia contribuye a la mejora de ese resultado global", dijo Muñoz.

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda de Extremadura, Antonio Fernández, insistió en que el asunto de la estabilidad presupuestaria ha obtenido una respuesta "unánime" de las autonomías, ya que todas están "convencidas" de que es un asunto "fundamental" y una condición "necesaria" para lograr el "ansiado despegue económico" de España. La misma satisfacción mostró el consejero de Aragón, José Luis Saz, quien calificó el encuentro como una reunión "de cordialidad" y alabó las medidasgubernamentales, todas ellas "con máximo respeto a la autonomía financiera de las comunidades autónomas". El acuerdo también fue visto con buenos ojos por parte del conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, José Manuel Vela, quien reconoció que las medidas acordadas en la reunión permitirán "aliviar" los problemas de liquidez de las autonomías.