Economía

El Gobierno promete que no tocará el sueldo de los funcionarios

  • "En ningún caso" se congelarán los salarios a los empleados públicos ni a los pensionistas

El Ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá. El Ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá.

El Ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá. / Kiko Huesca / Efe

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, afirmó que el Gobierno "en ningún caso" tiene pensado congelar las pensiones -como anunció en la víspera en una entrevista radiofónica- ni tampoco el sueldo de los funcionarios. Escrivá fue contundente durante la sesión de control al Gobierno en el Senado tras ser preguntado por la senadora del PP Paloma Sanz. El ministro agregó que la pregunta de la popular "no se sustenta en ningún elemento" y afirmó que "le parece mal" la incertidumbre que crea en los pensionistas con esta cuestión.

Recordó que la pérdida del valor adquisitivo de las pensiones mientras gobernaba el PP fue de cuatro puntos y medio entre 2012 y 2018: "Se estableció el índice de revalorización de las pensiones, una subida del 0,25% que tuvieron que echar marcha atrás porque el PNV les exigió que fuese así".

Por su parte, la senadora ha pedido al Gobierno que diga si va a recurrir al rescate o no y que "lo diga cuanto antes". "Europa no da nada gratis, debemos activar España para devolver la esperanza a miles de jóvenes sin trabajo y dar tranquilidad a nuestros mayores", apostilló.

Por otro lado, Escrivá descartó una regularización generalizada de la situación administrativa de los inmigrantes, si bien indicó que se están postergando y "permitiendo situaciones de transitoriedad" a quienes sufran una irregularidad sobrevenida por la crisis. "Todas las situaciones de irregularidad sobrevenida que puedan haber surgido por la crisis las estamos postergando y permitiendo situaciones de transitoriedad", sostuvo Escrivá.

En el Pleno del Senado intervino también el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien sostuvo que hay que impulsar un Pacto de Estado para reformar la sanidad y lograr una financiación del 7% para el Sistema Nacional de Salud (SNS). Illa indicó que las distintas formaciones políticas han de "abordar conjuntamente" siete cuestiones relativas al SNS: reforzar la financiación del 7%, los mecanismos de salud pública y la atención primaria y comunitaria; digitalizar el sistema, prepararlo para los rebrotes de coronavirus, cuidar a los profesionales sanitarios y abordar retos como la cronicidad, la involucración de pacientes y los nuevos medicamentos.

Asimismo, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, acusó al PP de poner la economía por delante de la salud de los ciudadanos al reclamar una desescalada "rápida y con riesgo" y aseguró que en este partido "ya no saben cómo justificar" su voto negativo a la prórroga del estado de alarma. Calvo mantuvo un duro enfrentamiento con el senador del PP Carlos Floriano, a cuyas críticas por "ocultar el número real de fallecidos" por el coronavirus en residencias de mayores replicó explicando que el Gobierno ha sido una "simple correa de transmisión" de los datos facilitados por las autonomías, incluidas las gobernadas por el PP.

La vicepresidenta apostó por abordar una reforma del Senado de alcance constitucional que consolide el carácter territorial de la Cámara Alta con un modelo "cuasifederal" que permita participar en sus debates a los gobiernos de las comunidades autónomas.

También el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respondió en la Cámara Alta a los senadores. Citó a varios sindicatos policiales para negar que se hayan dado instrucciones para "perseguir" durante la crisis sanitaria a quien protesta o porta la bandera española en la calle, como sostuvo el PP, que reclamó el fin al estado de alarma y del "experimento comunista".

Marlaska propuso a un senador del PP un "examen tipo test" para que eligiera entre la versión de que hay órdenes políticas y la que sostiene él como ministro y varios sindicatos policiales de que "no hay ninguna instrucción a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de identificar a nadie que porte la bandera nacional, símbolo de todos los españoles".

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