La Audiencia Nacional ha llamado a declarar como investigados a altos dirigentes del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cuando se produjo la salida a bolsa de Bankia, incluidos sus máximos responsables. La responsabilidad de la CNMV no queda tan clara, aunque es evidente que algo tendrá que ver con la autorización de la información facilitada a los inversores, para cuya elaboración es imprescindible analizar en profundidad la estructura financiera de la entidad, pero la del Banco de España siempre estuvo bajo sospecha por la incomprensible pasividad de sus máximos responsables ante las advertencias de los inspectores encargados de la supervisión del proceso. A la vista de los perjuicios a los inversores y del contenido de los correos electrónicos que dejaban claro que la entidad era inviable, que la salida a bolsa iba a ser un fiasco y que lo mejor sería intentar venderla a alguna otra entidad nacional o extranjera, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido que hay que investigar hasta el final y depurar todas las responsabilidades. En el Congreso de los Diputados también quieren una comisión de investigación sobre el asunto, que probablemente saldrá adelante y que promete un alto grado de tensión política y fuego cruzado de acusaciones entre socialistas y populares. Los primeros fueron responsables de la liquidación del sistema de cajas, tras una nutrida nómina de errores de diagnóstico y de decisiones equivocadas. Los segundos pretendieron acudir al rescate de Bankia nada más aterrizar en el Gobierno, aunque la iniciativa era tan disparatada que en junio de 2012 la Unión Europea decidió intervenir liberando 100.000 millones de euros para ayudas, dentro de un riguroso programa de exigencias y la corresponsabilidad del gobierno en su devolución.

Las fusiones frías fracasaron porque desde el principio estaban mal concebidas, básicamente porque no se conseguía eliminar el tufillo político de sus gestores, pero también por la torpeza de algunas decisiones. Una de las más clamorosas fue la de crear Bankia a partir de la fusión fría de una serie de cajas, entre las que destacaban por el tamaño, tanto de las entidades como de sus problemas, Bancaja y Caja Madrid, y la inyección de más de 4.000 millones de euros por parte del Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB). El pretendido proceso de reestructuración obligaba a las entidades a reforzar su capital, algo que el lamentable estado de debilidad de Bankia le impedía realizar. Es difícil entender que con este cuadro clínico se tomase la decisión de sacar la entidad a bolsa, pero fue lo que se hizo entre el entusiasmo de políticos, empresarios y sindicalistas que, ya por entonces, disfrutaban de los privilegios de las tarjetas black. Puede que pensaran que si se conseguía enmascarar el verdadero estado de salud de la entidad, mucha gente se animaría a entrar en una operación que prometía dar a la luz a un nuevo gigante en el país donde todavía se creía que sus bancos jugaban la champions, aunque para ello sería necesario el silencio cómplice de alguna gente que conocía el verdadero estado del paciente.

El pasado mes de enero el Tribunal de Cuentas comunicaba que la totalidad del rescate bancario ha costado 41.000 millones de dinero público y otros 19.000 a la propia banca (en concreto, al Fondo de Garantía de Depósitos), aunque la factura puede modificarse tanto a la baja como al alza. A la baja cuando se consigan vender las dos entidades (BFA, la matriz de Bankia, y Banco Mare Nostrum) que todavía permanecen en manos del Estado. Al alza por casos como el de Sareb, el banco malo para la gestión de los activos tóxicos inmobiliarios, cuya gestión también está resultando un fiasco y con costes para el contribuyente. Precisamente el endurecimiento del anticipo a cuenta del impuesto de sociedades se ha justificado desde Hacienda por las últimas ayudas a Sareb y Bankia, por importe de 2.000 millones de euros.

Se dice que el juicio de la salida a bolsa de Bankia puede convertirse en un juicio global al conjunto de la reforma del sector bancario y puede que también, de paso, en una reflexión pública sobre el papel de los órganos de vigilancia de los mercados sometidos a regulación. Su función principal es defender a los usuarios de abusos de posición dominante por parte de las empresas que operan en mercados oligopolísitcos, aunque también garantizar el funcionamiento eficiente y seguro de estos mercados y la viabilidad de las empresas que participan en ellos. Sin embargo, a la vista de los beneficios que ofrecen las eléctricas y las petroleras en nuestro país, además de la propia banca, y de la multitud de incidencias que periódicamente salpican sus prácticas cotidianas, más bien parece que el orden de prioridades de los reguladores sea justo el inverso.

En estos momentos los focos están sobre el Banco Popular, cuyo futuro se decide estos días con el relevo en la cúpula y una hoja de ruta sin definir. Ni el Banco Central Europeo ni la CNMV ven con buenos ojos el proyecto de sus todavía dirigentes de aprovechar las favorables perspectivas en el mercado inmobiliario para continuar con el saneamiento del balance. Mientras tanto, continúa el chismorreo sobre las ventajas de encontrar un comprador para el banco, aunque siempre con el lógico recelo de entregar a precio de saldo tan preciado patrimonio a uno extranjero.