El Consejo de Ministros aprobó este viernes su tercera reforma para sanear el sistema financiero, con el objetivo de que sea uno de los "elementos fundamentales para salir de la crisis" y que "no cueste un euro al contribuyente". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró que, "si hubiéramos tenido una norma como ésta, la crisis bancaria española se podría haber abordado de una manera totalmente distinta", por lo que el objetivo de esta norma es que "no se reproduzcan crisis que acaban teniendo un coste en la actividad económica y en el empleo".

La reforma, que cumple los "compromisos" acordados con Bruselas para conceder la ayuda de hasta 100.000 millones de euros para el sector financiero, tiene como fin que el coste de la reestructuración y liquidación de entidades sea soportado por sus accionistas y bonistas para "minimizar el impacto en los recursos públicos, es decir, en el dinero de los contribuyentes".

En relación a las participaciones preferentes, el FROB podrá imponer un ejercicio de canje determinado "si considera que la absorción de pérdidas por parte de los acreedores ha sido insuficiente", según la nota de prensa del Ministerio de Economía. Respecto a las novedades de la reforma, De Guindos destacó la creación de un "mal llamado banco malo", que adquirirá activos "no tan malos" de las entidades financieras.

También se aumentará la protección de los inversores minoristas para evitar que se vuelva a producir la comercialización inadecuada de determinados productos, como las participaciones preferentes. En concreto, se exigirá que este tipo de emisiones sean destinadas en un 50% para institucionales y el otro porcentaje, para minoristas, que tendrán que invertir al menos 100.000 euros cuando la entidad que lo coloca no esté cotizada. Además, se pedirá a los clientes minoristas que escriban de su puño y letra que el producto no les resulta conveniente cuando insistan en comprarlo.

Asimismo, pone coto a las remuneraciones de los responsables de las entidades financieras que necesiten ayuda pública, que bajará de un máximo de retribución fija de 600.000 a 500.000 euros. También eleva los requisitos de capital de las entidades, que serán del 9%, frente al 8% exigido para las entidades cotizadas y el 10% para las que tuvieran demasiada financiación mayorista.

La nueva norma da amplios poderes al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que pasará a estar controlado por el Gobierno y que podrá actuar tanto en las entidades que sólo necesiten una pequeña ayuda ("intervención temprana") como en las que requieran una profunda reestructuración o una verdadera liquidación. El Gobierno ha elevado la capacidad de endeudamiento del FROB, que pasará a ser de 120.000 millones de euros para 2012, frente a los 90.000 millones establecidos anteriormente. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sostuvo que la reforma culmina el saneamiento del sector financiero con el fin de "impulsar el crecimiento económico y el empleo" y de "recuperar la financiación y el crédito".

"Activos no tan malos" para el 'banco malo'

Luis de Guindos sostuvo que la sociedad gestora de activos, el banco malo, comprará "fundamentalmente" los activos inmobiliarios que se han adjudicado las entidades financieras a un precio "reducido" y tendrá 10 ó 15 años para venderlos, con el objetivo de no incurrir en pérdidas. De Guindos aseguró que asumirá "activos no tan malos", entrará en funcionamiento en noviembre para aislar los inmuebles de las entidades con ayudas públicas.

Tras asegurar que los activos serán "fundamentalmente" los adjudicados, no quiso especificar el detalle y afirmó que el núcleo de las compras será el "crédito promotor problemático" por ser "el activo más tóxico". En cuanto a los precios de adquisición, el Banco de España será el encargado de fijarlos, aunque serán los "pre-burbuja inmobiliaria", es decir, "los adecuados para que la sociedad gestora sea viable y no genere pérdidas y que en última instancia no tenga impacto para el contribuyente". De Guindos consideró que la tarea será "sencilla" dadas las "grandes provisiones" realizadas por las entidades financieras para cubrir la pérdida de valor de esos activos tóxicos.

De hecho, recordó que la reforma de febrero obligaba a las entidades financieras a provisionar el 80% del valor del suelo que se hubiera adjudicado por el impago de los créditos. La reforma financiera aprobada por el Consejo de Ministros regula el marco general de funcionamiento de la sociedad de gestión de activos o banco malo, que tendrá un horizonte de actuación de 10 ó 15 años. Según la nota de prensa del Ministerio de Economía, la sociedad podrá adoptar la forma de sociedad anónima o fondo fiduciario.

El capital inicial será aportado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con parte de los 100.000 millones de euros aportados por Bruselas para sanear el sistema financiero. En cualquier caso, el ministro destacó que la participación del FROB en ese banco malo será minoritaria, ya que habrá una mayoría de inversores privados. El FROB, además, tendrá capacidad para obligar al traspaso de esos activos a las entidades con ayudas. El banco malo pagará los activos con deuda que será descontable en el Banco Central Europeo (BCE), de forma que las entidades conseguirán así una vía de financiación indirecta.