Cientos de miles de personas han perdidos sus casas en los últimos años en una España azotada por la crisis, una tragedia que ha generado un movimiento de protesta y obligado al  final al gobierno a anunciar que cambiará las normas de desahucio del país.

Un nuevo suicidio el viernes de una mujer que se arrojó al vacío  de un cuarto piso en Baracaldo, en el norte de España, cuando una  comitiva judicial estaba en su puerta para echarla de su vivienda,  fue sólo el último hecho de un goteo incesante que tiene conmocionada  a la sociedad española.  

Como reacción, el gobierno del conservador Mariano Rajoy, que un día antes había anunciado un acuerdo con la oposición socialista para modificar la actual ley de desahucios, anunció que los mismos quedan suspendidos por el momento en el caso de las "familias vulnerables".  

Decenas de personas amenazadas con el desahucio por no poder pagar  las hipotecas de bancos que en muchos casos han debido ser rescatados  por el Estado organizaron un campamento de protesta frente a la sede  del grupo Bankia en Madrid, uno de los más expuestos al impago de las  hipotecas. 

"Llevamos aquí ya dos semanas", dijo Freddy, de 51 años. "Y  no nos iremos hasta que Bankia negocie una solución a nuestros  problemas".  

El propio Rajoy ha admitido que los desahucios de quienes no pagan  la hipoteca porque están sin trabajo se han convertido en "la cara  más visible de la crisis" que azota a España.  

Unas 350.000 personas han perdido sus casas desde 2008 por no  pagar las hipotecas, y se estima que otras 200.000 están a la espera  de que se ejecute la orden.  

Los colchones están apilados delante de la oficina de Bankia,  donde los manifestantes están sentados, duermen o recolectan firmas  para una iniciativa parlamentaria en defensa de quienes no pueden  hacer frente a las hipotecas.  

Un ataúd en miniatura con un esqueleto cuelga de la puerta del  banco, con el texto: "Víctima de la crisis". Un cartel exige el fin  de "la dictadura de los bancos".  

Cuando Freddy -que no quiere que se publique su apellido- se mudó  a España desde su Ecuador natal hace una década, la economía del país  estaba en auge, impulsada por el mercado inmobiliario y la  construcción.  

En 2004 y 2005 se edificaron más de un millón de viviendas.  Parecía que los precios nunca dejarían de subir y los bancos  otorgaron créditos incluso a personas de bajos ingresos y sin ahorros  propios.  

"Yo trabajaba en la construcción y mi esposa no tenía ingresos  regulares, pero el banco no dudó en darnos una hipoteca de 270.000  euros (350.000 dólares)", relata Freddy.  

La crisis global finalmente pinchó la burbuja inmobiliaria  española. Se calcula que la economía se contraerá un 1,5 por ciento  este año, mientras que más de un cuarto de la fuerza laboral está  desempleada.  

"No tengo trabajo desde hace dos años y medio, y ya no puedo pagar  la hipoteca. No puedo dormir por la noche pensando en que pronto me  voy a quedar sin techo", señala Freddy.  

Además, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos y en  muchos países europeos, los españoles que no pagan su hipoteca no  pueden sencillamente entregar la casa a los bancos para saldar la  deuda (la llamada "dación en pago"), sino que deben responder por la  totalidad del préstamo.  

Los bancos se quedan ahora con muchas viviendas a un precio menor  que su valor real, entre otras cosas porque los precios han caído, lo  que permite a los acreedores exigir a los deudores que sigan pagando  a la vez que venden las casas sacando beneficio, según los abogados  que defienden a los desahuciados.  

"Tendré que luchar con una montaña de deudas hasta que muera. Y  mis dos hijos heredarán la deuda", se lamenta Freddy.  

Bankia no negocia con grupos de afectados, sino con clientes  individuales, señala una fuente de la entidad, que asegura que  ya han flexibilizado los términos de los contratos con más de 80.000  deudores.  

Las hipotecas no pagadas forman parte de los activos tóxicos que  han llevado al borde de la quiebra al sector bancario español. La  eurozona ha ofrecido ya un rescate de hasta 100.000 millones de euros  a España para apuntalar a estos bancos, entre ellos Bankia, cuyas  necesidades se estiman en unos 19.000 millones.  

En vez de inyectar decenas de miles de euros en los bancos, el  gobierno debería usar parte del dinero para ayudar a los desempleados  que no pueden pagar la hipoteca, propusieron siete jueces en un  informe enviado al Consejo General del Poder Judicial, el órgano de  los magistrados españoles.  

"Las hipotecas se otorgaron en un clima de rápido crecimiento  económico y consumo en el que el crédito fluía", asegura la fuente de  Bankia, que rechaza las acusaciones de que muchas de las personas que  recibieron los préstamos no estaban bien informadas de los riesgos  involucrados.  

El caso este viernes de Amaia Egaña en Barakaldo se sumó en las  últimas semanas a los de José Miguel Domingo, el dueño de un kiosko  en Granada que se ahorcó horas antes de ser desahuciado. Y otro  afectado saltó de su balcón en su vivienda cerca de Valencia, aunque  sobrevivió con graves heridas.  

Los grupos que defienden a los deudores se han organizado y  realizan manifestaciones que han impedido cientos de desahucios.  Además, 46 jueces pidieron esta semana cambios para "humanizar" la  legislación, que data de 1909.  

El jueves, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) les  dio la razón: Las normas españolas no protegen a los consumidores de  posibles cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios, señaló la  abogada general de la corte, Juliane Kokott.  

El gobierno de Rajoy adoptó hace un tiempo un "código de conducta"  al que los bancos pueden adherirse voluntariamente y que aboga por  los deudores con mayores dificultades.  

La medida tuvo un escaso efecto, pero hasta ahora el gobierno  temía que una reforma mayor contribuya a empañar aún más la imagen de  la banca a nivel internacional y aumente el coste de España para  refinanciarse en los mercados.  

Sin embargo, la situación ha llegado a un punto en el que  finalmente Rajoy anunció el acuerdo con la oposición socialista para  ayudar a los más vulnerables, en particular familias con hijos. Pero  los detalles siguen siendo objeto de ardua polémica y los afectados  temen que la nueva ley no sea suficiente. Para muchos, además,  llegará demasiado tarde.