La Comisión Europea (CE) puso ayer sobre la mesa su propuesta para la nueva Política Agrícola Común (PAC) que plantea un recorte -a precios corrientes- de los pagos directos del 3,5% para España y de un 15% para desarrollo rural, frente a un recorte global del 5% en el conjunto de la Unión Europea (UE).

Según fuentes comunitarias, España está entre los países que sufrirán recortes en los pagos directos de la PAC, todos menos a Estonia, Lituania, Letonia, Rumanía y Portugal.

En el contexto del primer presupuesto pos Brexit, la PAC de 2021 a 2027 sufrirá un recorte global del 5% -un 12 % a precios constantes, sin tener en cuenta la inflación- pero seguirá siendo la política más importante de la Unión Europea (UE) en términos de presupuesto, con un total de 365.000 millones de euros, un 40% del total.

La propuesta de la CE, que debe ser primero debatida y negociada por los Estados Miembros, requiere que los países den luz verde al presupuesto europeo para este periodo.

España, de la mano de Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda y Portugal, ha respaldado ya una declaración conjunta para pedir a la CE que la PAC no recorte "ni un euro" el presupuesto asignado actualmente a esta política.

La propuesta aboga por dar más flexibilidad a los países a la hora de utilizar sus asignaciones de financiación, con la posibilidad de diseñar "programas a medida" que respondan más eficazmente a las preocupaciones de los agricultores y de las comunidades rurales más amplias.

El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, explicó que a través de "planes estratégicos" cada Estado deberá argumentar cómo cumplirá una serie de nueve objetivos impuestos por Bruselas -medioambientales, económicos y sociales-; la CE seguirá la puesta en marcha de estos planes y si cumplen los objetivos. Los países pasarán de ser, pues, ejecutores e intérpretes de un reglamento que emanaba de la UE a producir sus propias normas, que luego deberán ser supervisadas por Bruselas. Sin ser una renacionalización al 100%, ya que los pagos seguirán emanando del presupuesto europeo, está nueva política sí va a implicar una mayor poder para los Estados, que además tendrán la posibilidad de trasladar hasta el 15% de su presupuesto del pilar del desarrollo rural al de las ayudas directas, y viceversa.

Bruselas, aseguró el comisario, garantiza con esta propuesta que los pagos directos seguirán siendo una parte fundamental de la PAC, pero insiste en la necesidad de una distribución "más equitativa". Por ello, plantea una reducción paulatina de las ayudas a partir de 60.000 euros y establecer el tope en 100.000 euros por explotación para garantizar una distribución más equitativa de los pagos y reducir la brecha entre los que cobran más por hectárea y los que menos (la UE estima que la diferencia es del 50%). La UE espera con ello favorecer a las pequeñas y medianas explotaciones que están "el corazón del modelo agrícola familiar europeo".

Por otro lado, los países tendrán que reservar como mínimo el 2% de su asignación para pagos directos para ayudar al establecimiento de los jóvenes agricultores.

Por otro lado, si la anterior PAC ya introdujo el llamado greening -el 30% del pago condicionados a determinados servicios medioambientales- esta propuesta incide aún más en esta materia y plantea "requisitos reforzados". Además, cada Estado miembro tendrá que ofrecer "regímenes ecológicos" para ayudar a los agricultores a ir más allá, y al menos el 30% de cada asignación nacional para desarrollo rural deberá dedicarse a medidas medioambientales y climáticas.

La nueva PAC cambia la denominación de agricultor activo -el que tiene derecho a recibir ayudas- por agricultor genuino; establece un pago anual para pequeños agricultores no vinculado a la solicitud de ayudas; reduce las ayudas acopladas -vinculadas a la producción- del tope del 15% al 13% y establece un sistema de asesoramiento en innovación a explotaciones agrarias.