Los tributos propios autonómicos podrían ser eliminados

Una de las novedades que el Gobierno estudia incluir en la reforma fiscal es la supresión de los tributos propios autonómicos, según adelantó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro a La Vanguardia. El objetivo de la medida sería evitar la disparidad entre hechos imponibles de unas comunidades a otras, que abarcan desde el uso de bolsas de plástico en Andalucía a gravámenes sobre grandes superficies comerciales como ocurre en Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña o La Rioja, según un informe del Consejo General de Economistas.

Para evitar la caída de los ingresos de las comunidades, los tributos propios serían sustituidos por unos impuestos estatales en los que los ejecutivos regionales tendrían potestad para decidir su aplicación, según La Vanguardia. Fuentes de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía indicaron ayer que no tenían conocimiento de la propuesta y declinaron valorarla hasta no contar con una comunicación oficial.

Con ocho tributos propios, Andalucía es una de las regiones que cuenta con mayor número de gravámenes de este tipo, según la compilación del Consejo de Economistas, aunque dos de ellos -el impuesto sobre depósito de residuos radiactivos y el impuesto sobre los depósitos bancarios- no tienen efecto por existir otro estatal que grava el mismo hecho impositivo. Los tributos propios activos abarcan las tierras infratuilizadas, el depósito de residuos peligrosos, la emisión de gases, los vertidos a las aguas litorales, las bolsas de plástico de un solo uso y el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración. Sin embargo, el porcentaje que suponen sobre el conjunto de los ingresos tributarios de la comunidad es el menor de todas las autonomías, con apenas un 0,3%.

La reforma del Ejecutivo podría tener un difícil encaje legal. La capacidad de establecer impuestos propios por parte de las comunidades está recogida en la Constitución. La Ley Orgánica de Financiación Autonómica impone un perímetro a esta capacidad, estipulando que no puede crear tributos sobre hechos ya gravados por el Estado y los ayuntamientos, ni pueden suponer un obstáculo para la libre circulación de personas, mercancías y servicios.