El próximo Gobierno encontrará una economía en fase expansiva y que crea empleo por encima de la media europea, pero tendrá que afrontar una desaceleración del crecimiento económico provocada por el agotamiento de factores que lo habían favorecido, así como una elevada tasa de paro, todavía en el 21%. Además, tendrá que tomar medidas fiscales para cumplir con los objetivos de déficit público comprometidos con Bruselas, que ha concedido un año adicional para situarlo por debajo del umbral el 3% del PIB -pendiente de ratificar por el Consejo Europeo- y que decidirá en julio si multa a España por haberlo incumplido en casi un punto porcentual en 2015 (5% del PIB frente al 4,2%).

Como contrapartida al año adicional para reducir el déficit, la Comisión Europea exige ajustes en dos años por valor de más de 8.100 millones de euros (0,75% del PIB) para bajarlo al 3,7% del PIB en 2016 y al 2,5% en 2017. La clave estará en si el futuro Gobierno actúa por el lado del gasto o de los ingresos, o si no hace ninguna de las dos cosas y fía la corrección del déficit a la recuperación económica y a los bajos tipos de interés.

La economía creció en el primer trimestre un 0,8% respecto al último trimestre de 2015, el mismo ritmo que en los trimestres anteriores, y dos décimas por debajo del avance registrado entre abril y junio de 2015. El avance siguió impulsado por la demanda de los hogares, y en menor medida, por el gasto de las administraciones públicas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Todos los analistas vaticinan que el crecimiento económico empezará a desacelerarse este año conforme vayan perdiendo fuelle los elementos transitorios que han estado impulsando la economía, como el abaratamiento del petróleo, la depreciación del euro o la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo (BCE).

De momento, el Gobierno en funciones ha ajustado en 2.000 millones el presupuesto del Estado de 2016 y cuenta con medidas adicionales de control del gasto por otros 1.500 millones por parte de las comunidades autonómicas.

La Administración autonómica, junto con la Seguridad Social, son las responsables del desvío de la meta de déficit de 2015, lo que ha llevado a la puesta en marcha de los mecanismos coercitivos y de control que establece la ley de Estabilidad Presupuestaria para sujetar el gasto de las autonomías.

La Seguridad Social depende de los ingresos procedentes de las cuotas sociales de los trabajadores para hacer frente al pago de las pensiones, el principal gasto del Estado, que en 2016 se lleva 38,5 euros de cada 100 del presupuesto consolidado estatal.

Para garantizar el pago de las pensiones en años de déficit de la Seguridad Social, desde 2012 se han usado 47.201 millones del fondo de reserva, lo que ha dejado la hucha de las pensiones en 32.481 millones. La sostenibilidad futura del sistema dependerá en buena medida de la evolución del mercado de trabajo y de los salarios.

El empleo está creciendo a un ritmo anual superior al 3%, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre. En los últimos doce meses se han creado 574.800 puestos de trabajo, hasta superar los 18 millones de ocupados. En paralelo a la recuperación del empleo ha descendido la población activa, que en el último año ha restado 78.400 personas, hasta 22,8 millones. De ellas, casi 4,8 millones están en paro, 653.000 menos que hace un año. Tres de cada cuatro asalariados tiene un empleo indefinido y ocho de cada diez trabaja a tiempo completo, en tanto que la mayoría de los nuevos empleos generados en el último año son de carácter temporal, se crean en el sector servicios y aparecen en todas las comunidades autónomas, menos en Cantabria.