A pesar de gestionar un Ministerio, el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con políticas cedidas a las comunidades autónomas en materia de consumo y de asuntos sociales, y a otros ministerios, como el de Seguridad Social, Pablo Bustinduy (Madrid, 1983), pretende ahondar en las políticas sociales, llegando a acuerdos entre diferentes, grupos del Congreso, dentro del Gobierno o con administraciones territoriales, sin renunciar a una “agenda propia”. Su principal objetivo es conducir a buen puerto dos proyectos legislativos: la Ley de Familias y la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Hay una reforma no menos urgente. Las listas de espera del sistema de dependencia asustan. El cumplimiento de sus primeros cien días como ministro han coincidido con la publicación de datos sobrecogedores de cada año: más de 40.000 españoles murieron el año pasado esperando la valoración de la dependencia; en Andalucía murieron casi 9.000.

–¿Qué puede hacerse ante los alarmantes retrasos en las ayudas a la dependencia?

–El Gobierno de coalición aumentó la financiación de las autonomías en dependencia en un 130% en la anterior legislatura, condicionando esta ayuda a mejoras en la gestión. Este esfuerzo ha servido para reducir la media de espera en unos 100 días, que llegó a superar los 400. Pero soy consciente de que los retrasos son inaceptables, debemos continuar reduciéndolos. Seguiremos desplegando más recursos y acompañando a las comunidades autónomas, que son quienes tienen la capacidad real de reducir las listas.

–¿Por qué incumple el Estado el pago del 50% de las ayudas compartido con las autonomías?

–Estamos recuperando un sistema que el PP desmanteló. Los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy laminaron el sistema. Hemos empezado a revertir esta situación con el aumento de la financiación mencionado pero queda camino por recorrer. Nuestro compromiso es llegar a ese 50% sin que ello implique una disminución de las contribuciones de los gobiernos autonómicos. Pero no es sólo una cuestión de invertir más dinero sino que es necesario gastarlo mejor. Estamos llevando a cabo una transformación del modelo de cuidados para que nuestros mayores puedan envejecer donde deseen.

–¿Cómo será la reforma de las leyes de discapacidad y de dependencia?

–Lo primero será adaptar la Ley de Discapacidad para cumplir los estándares que fija el nuevo Artículo 49 de la Constitución. Ésta ha sido la primera reforma de la Constitución en clave social y con perspectiva de género, que presta especial atención a la situación de mujeres y niñas con discapacidad. Queremos también adaptar la Ley de Dependencia para impulsar el nuevo modelo de cuidados de larga duración. Se trata de un modelo de cuidados personalizados, que tiene en cuenta las preferencias de quienes los reciben y la asistencia en proximidad. Eso incluirá la teleasistencia como derecho subjetivo y hará posible que el asistente sea considerado un servicio a prestar por el sistema de dependencia.

–La Ley de Familias ha sido presentada en el Consejo de Ministros. ¿Qué novedades cree que reunirán mayor acuerdo en la tramitación parlamentaria?

–Queremos una ley de consenso. En España es común lamentar la crispación y la polarización política, pero las encuestas no reflejan división cuando se pregunta por la importancia de combatir la pobreza o apoyar a las familias. La ley sale al paso de dos problemas fundamentales: la falta de compromiso por parte del sector público con las políticas familiares, una brecha en inversión de en torno a un 1% del PIB con respecto a nuestros socios en la UE, y la necesidad de garantizar el derecho a la conciliación. Para eso es necesario ampliar y remunerar permisos por nacimiento y de cuidados, como contempla el Acuerdo de Gobierno. Se trata de mejorar la protección social de las familias y sobre todo la de los niños y niñas, que tienen que gozar de los mismos derechos, independientemente de la familia en la que nazcan.

–¿Cuál es la propuesta en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela?

–La ley busca que las empresas respeten el tiempo de las personas y el trato con ellas. Hay pocas sensaciones más comunes y frustrantes que tener que esperar una eternidad ante un sistema automatizado cuando intentas realizar una reclamación por teléfono a una empresa. Con esta ley, el tiempo de espera se reducirá a un máximo de tres minutos, el plazo de resolución de reclamaciones se acorta a 15 días y todo el mundo tendrá derecho a que les atienda una persona en vez de un robot. Es una ley de sentido común.

–Ha habido normas dirigidas a proteger a los clientes de los abusos de las empresas que no se cumplen. ¿No cree que, más que legislar, habría que hacer cumplir lo que se legisla?

–Las leyes están para cumplirse y esto es fundamental para no generar desafecto. Afortunadamente, esta ley contempla el desarrollo de mecanismos de auditoría y buenas prácticas, a los que las empresas se deberán ceñir. El incumplimiento de estas prácticas conllevaría sanciones.

–El precio de los alimentos no se reduce sino que crece con menos fuerza. El aceite de oliva está por las nubes...

–Es un problema que nos preocupa y que hemos abordado desde el ámbito de nuestras competencias. La Dirección General de Consumo ha enviado requerimientos de información a las principales cadenas de supermercados e hipermercados para comprobar que trasladan correctamente a los consumidores la reducción del IVA a determinados alimentos, un hecho denunciado por asociaciones de consumidores y usuarios, dado que existe la prohibición de dedicarse total o parcialmente la rebaja del IVA a incrementar el margen de beneficio empresarial.

–Ha mencionado a Polonia como ejemplo de políticas de prestaciones para la crianza de los niños. Si dependiera de usted, ¿qué políticas adoptaría de otros países?

–La prestación por crianza es un mecanismo con el que cuentan multitud de países de nuestro entorno, no sólo Polonia. En esto, España es una excepción a la norma, porque no dispone de un instrumento clave para garantizar el bienestar de las familias. En cuanto a otras ideas europeas, en política de vivienda el caso de Viena me parece un ejemplo, un modelo donde el sector público desempeña un papel clave garantizando viviendas accesibles y de calidad, contribuyendo a fijar estándares para el sector privado. Lo que se busca es desmercantilizar la vivienda, es decir, que algo tan importante como el lugar en el que vivimos no sea un bien de mercado, sometido a un proceso de especulación que lo vuelve inaccesible.

–¿Entiende que haya votantes de izquierdas decepcionados con las concesiones del Gobierno a unos políticos que han quebrantado la ley y que dicen estar dispuestos a volver a hacerlo?

–Entiendo que la ley de amnistía pueda generar dudas. Mi opinión es que es un paso necesario que demostrará su acierto con el tiempo. En unos años miraremos atrás y veremos cómo esta ley sirvió para cerrar una fase de conflicto que le ha hecho mucho daño al país, y para devolver la política a la senda del acuerdo y el diálogo democrático, de donde no debió salir nunca. Creo que sus efectos serán positivos para el país.