Botella despliega a 200 operarios para limpiar de basura Madrid

La empresa pública Tragsa comenzó durante la madrugada de este sábado a limpiar Madrid tras expirar sin acuerdo el plazo de 48 horas que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, concedió a empresas y trabajadores del servicio de limpieza viaria para poner fin a la huelga.

Las compañías y los representantes de los trabajadores seguían negociando el convenio colectivo del sector en un hotel de Madrid y el acuerdo estaba cercano. Los sindicatos acudieron escépticos a la reunión con la patronal, que comenzó 30 minutos antes del plazo límite marcado por Botella, las cinco de la tarde.

Las empresas concesionarias ofertaron reducir hasta 296 el número de despidos incluidos en los expedientes de regulación de empleo anunciados -más de 1.100-, pero los sindicatos se enrocaron en su rechazo a todo despido.

El Ayuntamiento de Madrid ha encargado a la empresa pública Tragsa que asuma los servicios mínimos de la huelga, después de presentar ante el Juzgado de Guardia de Plaza de Castilla una denuncia por el incumplimiento de los servicios mínimos y "delitos" relacionados con la huelga.

Entre los hechos recogidos en el escrito se incluyen prendimientos de hogueras, daños en el mobiliario urbano y volcados de papeleras y contenedores, entre otros daños, cuyo coste según el Ayuntamiento asciende a más de 573.000 euros.

La encomienda de tarea asumida por Tragsa fue denunciada por el sindicato CCOO, que presentó una denuncia de urgencia ante la Inspección de Trabajo para que verifique si ha contratado a operarios para cubrir servicios mínimos a través de empresas de trabajo temporal (ETT). Según informaba anoche la edición digital del diario El País, las 200 plazas de limpiador que ofertó la ETT Randstad volaron en cinco horas y estaba previsto que se pusieran en funcionamiento a partir de la una de la madrugada. La remuneración, por ocho horas de trabajo, hasta las nueve de la mañana: 85 euros. Tragsa pidió entre sus trabajadores voluntarios pero el número que se apuntó fue "nimio", según los sindicatos, que denunciarán la asunción de los servicios mínimos por parte de Tragsa al entender que vulnera el derecho constitucional a la huelga y es "ilegal".

El Ayuntamiento de Madrid ha pedido a la Delegación del Gobierno de la capital refuerzos policiales el temor de altercados. Hasta el momento se registran 19 detenidos en los diez días de paro.