El cabeza de lista de CiU al Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, desveló ayer su decálogo de condiciones para dar apoyo estable al futuro Gobierno, que dio por hecho que estará presidido por Mariano Rajoy, un listado de exigencias que incluye respeto a la inmersión lingüística.

En el ciclo de ruedas de prensa organizado por la agencia Efe con motivo de las elecciones generales, Duran se declaró dispuesto a "implicarse" a fondo en la gobernabilidad española, sin descartar la entrada de CiU en el Gobierno, siempre y cuando se atiendan estas diez reclamaciones fundamentales.

El primero de los puntos que CiU pondrá sobre la mesa es resolver de una vez por todas el déficit fiscal de Cataluña, que según cifró el miércoles el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, se sitúa entre el 8% y el 8,5% del PIB catalán.

La segunda condición que planteará CiU será dar prioridad al eje ferroviario mediterráneo, por el que ni PP ni PSOE han "apostado" de manera clara por delante de la opción del corredor central, según Duran.

En tercer lugar, Duran exigirá la construcción de cinco obras de infraestructuras "básicas" para Cataluña: el Cuarto Cinturón, el desdoblamiento de la N-II, la N-340, la autovía Valls-Montblanc y la vía Lleida-Sopeira hacia Val d'Aran.

El cuarto punto del decálogo es no dar marcha atrás en la descentralización de la gestión del aeropuerto de El Prat, así como la gestión catalana de los aeropuertos de Reus, Sabadell y Girona.

Su quinta exigencia es resolver el problema de la financiación de las empresas, para que actúen de motor de la recuperación económica.

En sexto lugar, pedirá presentar en Bruselas un "plan financiero" que contemple la creación de un "banco malo", donde se sitúen todos los activos tóxicos, y que permita que las entidades vuelvan a dar crédito. Otra de sus condiciones sine qua non será impulsar un "plan de choque contra el paro" en apoyo a los emprendedores, una idea que ve más factible que otras acordar con el PP dadas sus coincidencias programáticas.

El octavo punto de su lista es ampliar en dos años la vigencia de la Disposición Adicional Tercera del Estatut, dado que el Estado no viene ejecutando la totalidad de sus inversiones previstas durante siete años en Cataluña. La penúltima petición al futuro Gobierno será una defensa de la política agraria para el litoral mediterráneo.

Finalmente, si el PP desea contar con la colaboración estable de CiU la próxima legislatura "no deberá utilizar la lengua como instrumento de confrontación" ni cuestionar la inmersión lingüística.