LA imagen más esperada en el universo mediático se materializó ayer: la infanta Cristina de Borbón, hija del Rey de España y que conserva sus derechos dinásticos de sucesión a la Corona -en un lugar más hipotético que real, ciertamente- entró en el juzgado de Palma de Mallorca para prestar declaración en calidad de imputada. Imputada en presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales por su papel en la trama de tráfico de influencias que habrían organizado su esposo, Iñaki Urdangarín, y el socio de éste, Diego Torres, para desviar hacia una sociedad mercantil privada los cuantiosos fondos públicos obtenidos de las instituciones de Valencia y Baleares para una entidad sin ánimo de lucro. El caso no se habría producido sin el protagonismo de Urdangarín y su relación directa con la Familia Real a través de su matrimonio con la hija menor del Monarca. Por eso el escándalo ha afectado seriamente a la institución monárquica, que ha pasado en pocos años de ser admirada como ninguna otra por los españoles a sufrir la desafección de muchos ciudadanos, que la incluyen crecientemente entre las instituciones que se han deslegitimado con el tiempo y cuya continuidad empieza a cuestionarse, en coincidencia con los problemas de salud y algunos errores personales de don Juan Carlos. Es de destacar, en todo caso, que la infanta Cristina solamente ha sido llamada a declarar, ni está procesada ni, mucho menos, condenada por ningún delito. Precisamente llama la atención que el juez de Palma que instruye el caso y el fiscal hayan discrepado abiertamente al respecto: el primero la interrogó por creer que hay indicios de que pudo haber cometido delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, mientras que el fiscal rechaza su imputación, aunque estima que como copropietaria de la sociedad a la que se desvió el dinero público indebidamente cobrado sería responsable civil subsidiaria si su esposo fuera finalmente condenado.