El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha enviado a la Fiscalía la decisión de la interventora de la Generalitat de acatar la orden del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, de no informar de los gastos del Ejecutivo que preside Carles Puigdemont.

Así lo ha explicado el titular de Hacienda durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha detallado las nuevas medidas de control de las cuentas catalanas. Ha precisado que se han adoptado después de que el vicepresidente de la Generalitat anunciara por carta al Ministerio de Hacienda que no iban a informar semanalmente como se les pidió por acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del pasado 21 de julio.

A este hecho se ha sumado, según Cristóbal Montoro, que la interventora de la Generalitat se ha dirigido al Ministerio para decir que había recibido la orden de Junqueras de que no informara y de que había acatado la decisión.

"Lo que hemos hecho ha sido enviar a la Fiscalía esta situación", ha anunciado el ministro, quien ha recalcado la "obligación" de cualquier funcionario público de cumplir con la legalidad.

El rechazo del Supremo

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la Generalitat de Cataluña de suspender de forma cautelar el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del pasado 21 de julio que impuso al Ejecutivo catalán la obligación de entregar semanalmente un informe de sus gastos en el que acredite que no dedica ni un euro a organizar el referéndum. Es el informe de la Intervención que esta misma semana la Generalitat ha anunciado que va a dejar de entregar.

La Generalitat presentó un recurso contencioso contra este acuerdo solicitando como medida cautelar la suspensión del mismo mientras se resolviese el fondo del asunto. Pues bien, la Sala Tercera considera que aplicar el acuerdo recurrido no causa un perjuicio irreparable ni imposibilitaría ejecutar una hipotética sentencia anulatoria, por lo que no se dan los parámetros propios que recoge la doctrina del Supremo para adoptar una medida cautelar.