La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este miércoles, en el inicio del debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, los acuerdos que ha cerrado el Gobierno con formaciones como ERC o PNV para lograr sacar adelante las cuentas públicas, y rechazado las acusaciones de "traición" y "chantaje" por parte de la derecha.

Según ha defendido Montero en su primera intervención para defender sus Presupuestos, el Ejecutivo tiene la obligación de trabajar "hasta la extenuación" para lograr con diálogo que salgan adelante sus iniciativas. Es más, ha garantizado que así van a seguir haciéndolo.

Por ello, ha dedicado parte de su intervención a criticar que desde la derecha "se insulte con ligereza y se empleen palabras como chantaje o traición, a sabiendas de que es mentira y es falso". "No importa cuáles son los argumentos detrás de las cuentas, sino lo contrario", ha lamentado.

En este sentido, ha insistido en que "intentar que el proyecto de Presupuestos recabe el mayor número de apoyos no es ninguna excentricidad". "Es más ni menos que la obligación de cualquier gobierno que quiere estabilidad, gobernabilidad y utilidad de la política. Se trata de encontrar aquello que nos une, ya conocemos lo que nos diferencia, y saber el qué y para qué aportan estas cuentas", ha argumentado.

Antídoto contra los populismos

Asimismo, la ministra de Hacienda ha reivindicado que las cuentas públicas para 2022 son "un antídoto contra los populismos que propone soluciones sencillas a problemas complejos".

Montero también ha aprovechado para defender que los Presupuestos para 2022 demuestran que el Ejecutivo tiene su rumbo "bien definido" para seguir trabajando hasta el final de la legislatura, y que reafirman sus "compromisos y valores".

Es más, la ministra ha querido dejar claro que los compromisos adquiridos por el Gobierno, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, son ahora "más importantes que nunca" porque tienen que guiar su impulso político y estar presentes esos valores en todas sus acciones.

Así lo ha asegurado Montero, después de los socios de coalición acaben de encarrillar una de las principales disputas que se ha vivido en el seno del Gobierno, a cuenta de sus discrepancias sobre cómo debe hacerse la reforma laboral y la negociación con los agentes sociales.

Esta crisis se ha resuelto -al menos, por el momento- con el acuerdo entre Sánchez y la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, de reafirmar el compromiso de "derogar" la reforma laboral que los socios incluyeron en su acuerdo de gobierno, y los términos que ahí se plantearon.

Además, el PSOE logró la semana pasada que el Ministerio de Asuntos Económicos que dirige la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y el de Seguridad Social de José Luis Escrivá se sienten en la mesa del diálogo social, en la que hasta ahora estaba solo el Ministerio de Trabajo de Díaz.

Montero no ha hecho referencia concreta a este asunto, aunque sí ha defendido, en otro momento, la necesidad de seguir "yendo de la mano de empresarios y sindicatos" en las negociaciones de aquí en adelante, al igual que ha ocurrido hasta ahora, con la renovación de los ERTES.

Un "chantaje" a los españoles

Por su parte, PP, Vox y Ciudadanos han criticado el discurso "triunfalista" y "arrogante" de la ministra de Hacienda en la defensa que ha hecho de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y que los partidos conservadores ven como un "chantaje" a los españoles. Las tres formaciones han dejado claro que sus vetos a los presupuestos son "necesarios".

Estos partidos coinciden en que los presupuestos de 2022 contemplan unos ingresos irreales y una recaudación sobrestimada.

El líder del PP, Pablo Casado, ha reprochado que haya sido la ministra de Hacienda y no el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien haya defendido el proyecto ante la Cámara al tiempo que la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha dicho que son un "espejismo" para que el Gobierno gaste y se mantenga en La Moncloa.

En su opinión parten de previsiones macroeconómicas "falsas" y suponen un incremento de impuestos que calculan en 10.000 millones de euros y que hipotecarán a todos los españoles. "Será una cuesta de enero de doce meses", ha dicho tras reprochar al Gobierno también las "hipotecas" que ha pactado con Bildu o con el independentismo.

Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso Edmundo Bal ha acusado a Montero de "engañar" y vivir un "sueño" puesto que no crecerá la recaudación sino la deuda y el déficit. "Y esto serán impuestos que tendremos que pagar en años venideros", ha incidido Bal ante unas cuentas que son un "chantaje por el precio que vamos a pagar todos los españoles" a las cesiones a los independentistas.

También el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha reivindicado su enmienda a la totalidad porque las cuentas están basadas en "previsiones imposibles" en el capítulo de ingresos y en una expansión del de gastos, de la que presume el Gobierno "como si eso fuera algo bueno".

En sentido contrario, otros partidos socios del Ejecutivo como EH Bildu o Más País han puntualizado que dejarán vía libre a los presupuestos para que puedan seguir negociando mejoras en su trámite de enmiendas parciales.

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurúa, ha avisado que el proyecto de presupuestos tiene "carencias" y "déficit" porque no aborda la mejora fiscal, la mejora sustantiva de las pensiones ni el incremento del salario mínimo pero ha confiado en mejorarlos aunque no ha revelado sus exigencias, en aras de lograr un acuerdo con "discreción".

Más País sin embargo ya ha avanzado que quiere introducir entre sus enmiendas parciales una mayor atención y presupuesto para mejorar la salud mental y que "se multipliquen las plazas de los psicólogos en la sanidad pública".

Desde Podemos, la diputada Sofía Fernández Castañón ha aplaudido "el fin del austericidio y de las políticas neoliberales".

Fuentes de Podemos han asegurado que presentarán enmiendas parciales pactadas con el PSOE como ya hicieron el año pasado y han avanzado que cuestiones como la aplicación de permisos en familias monomarentales irán en la nueva ley de familia que se está analizando.

Nueva Canarias ha coincidido en que estos presupuestos rompen con la austeridad que sí se impuso en la anterior crisis y ha puntualizado que negociará los "ajustes finos" respecto a la "agenda canaria", por ejemplo para apoyar el cultivo del plátano en La Palma, que sufrirá "sine die" los efectos de la erupción.