El Govern ha creado un fondo con una dotación inicial de 10 millones de euros para ayudar a los ex altos cargos de la Generalitat a quienes el Tribunal de Cuentas reclama fianzas por valor de 5,4 millones por haber promocionado el referéndum ilegal del 1-O en el extranjero usando, supuestamente, dinero público. Este fondo llevará el nombre de Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (FCRCAT) y se podrá acoger a él cualquier funcionario al que se pidan responsabilidades legales por actividades relacionadas con el desempeño de su cargo, siempre que cumpla ciertos requisitos.

"No es un aval directo", aseguró el conseller de Economía, Jaume Giró, quien defendió la "solidez jurídica" de este mecanismo y descartó que se pueda acusar a la Generalitat de malversación por auxiliar a los 34 dirigentes del procés a quienes el tribunal administrativo reclama fianzas por un importe total de 5,4 millones de euros porque en ningún momento habrá "desplazamiento patrimonial".

Sánchez afirma que el Gobierno recurrirá el fondo si no se ajusta a derecho

El funcionamiento, desgranó, se asemejará al de un seguro privado y será una entidad financiera -aún por concretar, el Govern está conversando con varias- quien avale las mencionadas fianzas, con un contraaval de la Generalitat.

El dinero no se transferirá hasta que haya una sentencia firme que lo exija y se hayan agotado todas las vías de recurso "nacionales e internacionales"; llegado ese punto, "el beneficiario deberá devolver el dinero, los intereses y las costas a la administración".

Giró aclaró que el fondo, dotado con esta aportación inicial de 10 millones, se nutrirá de los presupuestos de la Generalitat, aunque no especificó de qué partida en concreto: "Lo estamos viendo. Hay muchas cajitas" de las cuales podría salir, dijo en alusión a las diferentes partidas presupuestarias.

Hasta que la Generalitat encuentre a una entidad financiera dispuesta a avalar estos fondos, el Institut Català de Finances, de forma provisional, actuará como entidad gestora, y el contraaval de la Generalitat se canalizará también a través del ICF, que es la entidad financiera pública de la Generalitat. Giró remarcó que se "bloqueará dinero para un aval", de forma que "no se darán a nadie 10 millones".

Pese a los argumentos esgrimidos por el Govern, que aseguró que el fondo que han creado cumple con el "principio de indemnidad" por el cual una administración debe "proteger" a sus funcionarios si se les exigen responsabilidades por cuestiones relacionadas con su desempeño, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntó que el Ejecutivo está estudiando si el mecanismo se ajusta a derecho. "Si es así, nada que objetar y, si no está sujeto a derecho, evidentemente tendremos que recurrirlo".

Más contundentes fueron PP, Cs y Vox, que ya anunciaron que llevarán a la Generalitat a los tribunales. El líder de los populares, Pablo Casado, señaló que su partido interpondrá recurso y denunciará a la Generalitat por prevaricación y malversación, con el objetivo de que los responsables de crear ese fondo sean "inhabilitados".