En la página web de la Asamblea de Melilla figura un anuncio para premiar con mil euros a la mejor hoguera de la Noche de Sanjuan, según la tradición. Pero también se ofertan tres puestos de "oficial sepulturero" para integrar la plantilla de funcionarios de la ciudad autónoma. De momento, los que pretenden enterrar la democracia es una supuesta red dedicada a comprar votos por correo para luego revenderlos, se supone que a partidos políticos que confían en que con esta fórmula les será más fácil obtener algunos de los 25 escaños en juego de la Asamblea que se dirimirán el próximo 28 de mayo.

El caso está ya siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, que ha declarado el proceso bajo secreto de sumario. Ante este panorama, la Junta Electoral de Zona (JEZ) acordó el miércoles que los ciudadanos que votaran por correo depositaran la papeleta en la oficina de Correos de Melilla a la vez que se identificaran con su DNI; una medida que la Junta Electoral Central (JEC) ha decidido extender al resto de oficinas situadas en el territorio nacional cuya procedencia sea la comunidad autónoma.

Desde entonces, las colas que se sucedían a las puertas de la oficina principal de Correos y que daban la vuelta a la manzana han cesado. Y eso que el plazo para votar a través de esta vía se ha ampliado hasta el próximo jueves 25 de mayo.  "De tener colas de 50 personas a no tener nadie". Esta es la situación actual, según una agente que permanece en el puesto fijo de Policía Nacional habilitado tras los últimos incidentes: al menos cinco carteros han sido asaltados para robarles unos 80 votos que habían escapado del control de los mafiosos, que supuestamente los compran por un precio que oscila entre los 50 a 200 euros.

Una inversión ilegal de poco más de un millón de euros para decidir el futuro de una población de poco más de 80.000 habitantes. Ante estos hechos, los carteros ahora desarrollan su jornada laboral acompañados por las Fuerzas de Seguridad, que llevan a cabo labores de escolta. Y en el fondo subyace el interrogante de si en estas condiciones se pueden celebrar con garantías unos comicios. 

La cabeza de lista de Coalición por Melilla (CPM) a la Asamblea en la próximas elecciones autonómicas y locales, Dunia Almansouri, insiste en paralizar el proceso electoral para tener "unas elecciones con garantías que ahora mismo no se dan porque se desconocen en qué condiciones están los votos que se han depositado"; mientras que, la candidata a la presidencia por el partido socialista, Gloria Rojas, aboga porque las elecciones no se pueden suspender y señala que la Delegación del Gobierno ha puesto "todas las medidas para que el posible fraude electoral no se produzca".

De lo trascendido hasta ahora, se sospecha que se trata del intento de mayor fraude electoral de la democracia. Según la última actualización, se han tramitado 11.707 peticiones de votos, lo que representa un 21, 21% del censo frente al 3,05% a nivel nacional. En este punto, cabe recordar que en las elecciones de 2019, poco más de 34.000 electores, un 64% del censo, ejercieron su derecho. De esta manera, con los sufragios emitidos ya, la trama podría decantar el resultado de entre seis y ocho escaños. 

Hace cuatro años la sorpresa saltó a última hora. Una inesperada coalición entre PSOE, Coalición por Melilla y el único representante de Ciudadanos, Eduardo de Castro, le otorgó a este último la presidencia frente al favorito, el popular Juan José Imbroda. Entre gritos de traidor culminaban 19 años de gobierno en la ciudad autónoma. Imbroda repite como candidato. "Iremos a todos los barrios aunque Mustafá Aberchan nos mande a sus sicarios para reventar algunas de las actuaciones que convocamos", aseguraba el dirigente popular a finales de abril, en plena precampaña en la que también arremetía contra el PSOE por amaños en las urnas. 

Aberchán es el líder de Coalición por Melilla. En febrero de 2021, el Tribunal Supremo confirmaba la condena dictada por la Audiencia Provincial de Málaga tres años antes por la teórica compra de votos por correo en las elecciones al Senado en 2008. Dos años de cárcel e inhabilitación para él y para el ex secretario general del PSOE en Melilla Dionisio Muñoz por dos delitos electorales y uno de falsedad.  

Las dos fuerzas políticas habían concurrido en coalición a la Cámara Alta. La Justicia consideró probado que las organizaciones idearon un sistema para convencer a ciudadanos para que pidieran ese voto por anticipado y les entregaran a ella los sobres en los que introducían la papeleta común que depositaban en Correos, gracias a sus "contactos". A los votantes les prometían un contrato en los planes de empleo de la delegación del Gobierno. Llueve sobre mojado en Melilla.