Era esperable que la Generalitat y los propios políticos independentistas presos salieran a la palestra para censurar al Tribunal Supremo (TS) por, a su juicio, influir en la decisión de denegar el permiso a los líderes separatistas para salir de la cárcel para pasar el confinamiento por el coronavirus en sus domicilios.

El president de la Generalitat, Quim Torra, envió una carta a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para denunciar las "amenazas" del Supremo que han provocado la prohibición de los permisos carcelaros. También Oriol Junqueras, líder de ERC recluido en prisión, ha dirigido cartas a la ONU y al Consejo de Europa para pedir amparo "urgente". Asimismo, la Generalitat solicitó a la Fiscalía que abra una investigación sobre estas "coacciones".

La reacción Torra llegó después de que las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas denegaran a los presos independentistas un permiso para pasar el confinamiento del coronavirus en sus casas, algo para lo que sí dieron el visto bueno a una quincena de reclusos de segundo grado que tenían salidas amparadas por el artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

La Generalitat anunció el martes que estudiaría los resquicios legales para poder acordar el confinamiento domiciliario de presos con el 100.2, pero el TS advirtió de que si se enviaba a casa a los líderes del procés, los funcionarios de las juntas de tratamiento podrían incurrir en un delito de prevaricación.

En su carta, Torra subraya que el 25 de marzo Bachelet manifestó públicamente que "ahora, más que nunca, los gobiernos deberían liberar a todas y cada una de las personas que están encarceladas sin suficiente base legal, incluyendo prisioneros políticos y otros detenidos". Según Torra, eso no ha sido posible "cumplirlo" en el caso de los líderes independentistas porque el Supremo "advirtió y amenazó a las autoridades penitenciarias catalanas de posibles consecuencias legales, de carácter penal". "Las amenazas del Tribunal Supremo fueron vertidas porque esta medida afectaría, entre otros, a los presos políticos catalanes que actualmente cumplen condena en dos concretas prisiones catalanas", afirma en su misiva a Bachelet.

Y añade: "Como abogado que soy, estoy convencido de que mantenerlos en prisión a riesgo de su salud y poniéndoles en riesgo vital implica una clara vulneración" de varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

En esta línea también se expresó la consellera de Justicia, Ester Capella, que pidió a la Fiscalía que investigue este "hecho inaudito" en la actuación del TS. Considera "inaudito" que el Alto Tribunal "amenace" y "coaccione" a las juntas de tratamiento de las cárceles para "influir" en su decisión sobre los presos del procés".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, la titular de Justicia consideró "inaudito" y "sorprendente" que el Supremo "se salte las reglas del juego" propias de un Estado democrático.

Uno de los afectados, Oriol Junqueras, preso en la cárcel de Lledoners, reclamó amparo "urgente" a la ONU y al Consejo de Europa al considerar que "las amenazas del Supremo han perjudicado los derechos de todos los presos y ponen en riesgo la lucha contra el coronavirus".

Así lo anunció el líder de ERC en Twitter, donde reclamó a la ONU y al Consejo de Europa que "tomen las medidas" oportunas de acuerdo con las "recomendaciones que ellos mismos han hecho" en relación con la situación de los presos durante la pandemia de coronavirus. Exige acciones "urgentes" para evitar estos "abusos" sobre los nueve líderes del procés condenados a prisión por el Supremo.