La UCO vincula a Cifuentes con la caja B del PP pero el juez no la imputa

El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, no tiene intención de proceder contra la presidenta madrileña Cristina Cifuentes porque no ha hallado pruebas de su participación en la financiación ilegal del PP de Madrid, pese a un informe de la UCO que pide que se la investigue, según informaron a Efe fuentes jurídicas.

En dicho informe, la UCO ve indicios de delitos de cohecho y prevaricación en el papel de Cifuentes en la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, cuando era presidenta de la mesa de contratación.

Las fuentes resaltaron que la UCO la menciona al igual que a otras tantas personas y recordaron que lo que se investiga en esta pieza es la presunta financiación irregular del PP, hechos en los que no se considera que Cifuentes esté involucrada.

En ese informe, fechado el pasado 1 de marzo, la Guardia Civil concluye que esas adjudicaciones podrían estar amañadas y señala que Cifuentes, como presidenta de la mesa de contratación, podría haber incurrido por ello en delitos de cohecho y prevaricación.

Los contratos de adjudicación del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011 a la empresa Grupo Cantoblanco, del ex presidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, "se articularon a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones".

Entre esas personas, la UCO menciona expresamente a Cifuentes, que fue presidenta de la mesa de contratación esos años (cuando era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid) y que está sujeta a aforamiento actualmente.

Arturo Fernández es una de las personas que están acusadas de financiar de forma irregular el PP mediante donativos de dinero a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), un asunto por el que le preguntó el juez cuando le citó a declarar como imputado.

Dichos donativos (la UCO los cifra en 160.000 euros y el propio Fernández, ante el juez, los situó en 60.000) se produjeron en fechas próximas a la campaña electoral de 2007, concretamente en marzo de ese año.

Cuando se produjeron esas aportaciones de Fernández, Cifuentes era patrono de esa fundación, como destaca la UCO en otro informe del sumario, en el que resalta la "coincidencia" de ese cargo con su pertenencia al Partido Popular de Madrid y a los comités de campaña de esa formación cuando se efectuaron las aportaciones económicas.

Según la Guardia Civil, hay indicios por tanto de que se favoreció al Grupo Cantoblanco para que se alzase con la adjudicación de los contratos, en vista de esos "importantes" donativos que hizo el empresario a Fundescam, una fundación "directamente vinculada con el Partido Popular de Madrid" que sirvió para" financiar de manera encubierta" al mismo "para que sufragase gastos electorales al margen de cualquier tipo de fiscalización".

La acción judicial golpeó ayer por partida doble al Gobierno de Cristina Cifuentes, puesto que su viceconsejero de Medio Ambiente presentó su dimisión tras ser citado ayer como investigado por el juez del caso Púnica, Eloy Velasco.

Velasco ordenó siete registros, entre ellos el del despacho de Miguel Ángel Ruiz, por su actividad cuando estaba en Arpegio, empresa pública cuya sede también fue registrada.

Según informaron a Efe fuentes del Gabinete madrileño, tras recibir el auto en el que se le cita como investigado, Ruiz presentó su dimisión a Cifuentes, tanto de su cargo como viceconsejero como de secretario de Territorial del PP de Madrid.

Las fuentes subrayaron que los hechos por los que Ruiz está siendo investigado no se refieren a sus responsabilidades en el Gobierno de Cifuentes, sino a la etapa en la fue consejero delegado de Arpegio entre 2008 y 2010, época en la que era presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre.

Ruiz ha dimitido de sus actuales cargos en aplicación del código ético de altos cargos de la Comunidad de Madrid, así como el del PP de Madrid.